Santa Rosa de Copán. Miles de habitantes del municipio de La Unión, Copán, demandaron en una manifestación que el Ministerio Público (MP) proteja sus empleos, desalojando a un grupo de personas que tienen tomada una mina que es la principal fuente de trabajo en la zona.
Esta ya es la segunda vez que pobladores de varias comunidades de La Unión protestan.
Lo anterior, debido a que se benefician con la operación de Minerales de Occidente (MINOSA). Las acciones se han hecho en un lapso de dos semanas.
En estas han llamando la atención de las autoridades a su problemática. A su vez han exigiendo la intervención del Ministerio Público.
Cabe recordar, la primera protesta fue frente a las instalaciones de la Fiscalía en Santa Rosa de Copán.
Ahora la acción más reciente ocurrió en su municipio, donde caminaron con pancartas en mano exigiendo la reacción de la coordinadora de fiscales de Copán, Junny Coritza Vega.
Los habitantes quieren que la Fiscalía reconozca que las siete personas que tienen tomada la zona de exploración de la mina, no los representan.
Sin embargo, señalan que forman parte de un movimiento de organizaciones no gubernamentales (ONG).
De hecho, en la manifestación exigieron la salida de la zona de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales (ASONOG).
También solicitan la salida del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), a quienes responsabilizan de la pérdida de empleos en el lugar.
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Autoridades no atienden el llamado
A la manifestación estaba invitada la fiscal Vega para que conociera a fondo que la comunidad apoya a la empresa y demanda una solución a su reclamo. A lo anterior, la fiscal no atendió el llamado.
Señalaron que ellos han puesto denuncias en el Ministerio Público contra quienes han puesto en precario sus empleos, pero que la fiscal no actúa.
También declararon que sí les extraña que cuando las ONGs ponen denuncias, esas sí las atienden con prontitud los fiscales.
Por su parte, los patronatos explicaron que por acciones del pequeño grupo que mantiene focos de violencia en la zona, la empresa ha tenido que detener su plan de actividades.
Por lo tanto, con ello se han visto perjudicados centenares de empleados que han sido suspendidos, lo que pone en riesgo su seguridad laboral y alimentaria.
El principal ingreso, tanto de las comunidades de La Unión como de la municipalidad, depende de las operaciones mineras, por lo que afectar las operaciones de la empresa significa golpear la economía local, dijeron los manifestantes.
Cifras oficiales señalan que la operación de MINOSA en la zona deja a Honduras no menos de 100 millones de dólares al año.
Por lo que constituye un pilar importante en los ingresos del estado hondureño, así como un actor clave en la economía de poblaciones postergadas donde las oportunidades de trabajo son muy necesarias.
