REDACCIÓN. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Tegucigalpa urgió ayer, martes al Estado de Honduras a garantizar la vida, integridad personal y derechos territoriales del pueblo garífuna (negro), ante las crecientes amenazas que está sufriendo.
En un comunicado, el organismo expresó «su profunda preocupación por los recientes hechos de violencia en contra de integrantes de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan (todas en el Caribe) y a las autoridades de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh)».
«La presunta desaparición forzada de Max Gil Castillo (31 años) el pasado 12 de abril en San Pedro Sula (norte) y las recientes amenazas a muerte contra integrantes y liderazgos de estas comunidades constituyen hechos de extrema gravedad y requieren la adopción de medidas de carácter urgente», indicó la Oacnudh.
También señaló que persisten la violencia, el despojo y la discriminación estructural contra quienes defienden los derechos sobre la tierra, territorio y recursos naturales.
Estas agresiones continúan en un contexto de amenazas constantes. Y no cesarán hasta que el Estado garantice la ejecución efectiva de las tres sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por violaciones a los derechos de la etnia garífuna.
La Oacnudh recordó que «las sentencias ordenan la reivindicación y saneamiento de los territorios de estas comunidades».
Exigen investigaciones
También, el organismo también exhortó al Estado de Honduras a realizar investigaciones diligentes, exhaustivas e independientes. Esto con el fin de prevenir la materialización de las amenazas contra las comunidades, esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables.
Indicó además que para la búsqueda de Max Gil Castillo, el Ministerio Público (Fiscalía), Policía Nacional y Poder Judicial «deben garantizar la participación de las víctimas y el principio de presunción de su vida».
Las autoridades hondureñas también deben adoptar de forma inmediata medidas integrales de protección a través del Sistema Nacional de Protección (SNP). Estas acciones deben prevenir posibles afectaciones a su vida e integridad personal de las y los integrantes de estas comunidades.
Las medidas también implican «redoblar los esfuerzos del Estado». Se busca «el efectivo cumplimiento de las sentencias, medidas cautelares y provisionales en las cuales el Sistema Interamericano ordena reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades garífunas y la protección de sus integrantes».
«La construcción sostenible de la paz social requiere el respeto de los derechos humanos de todas las personas, colectivos y grupos que constituyen la nación hondureña, procurando la convivencia entre los pueblos y comunidades sin distinción alguna», subrayó la Oacnudh.
Denuncia de amenazas
El lunes, la coordinadora de la Ofraneh, Miriam Miranda, denunció nuevas amenazas de muerte contra miembros de la etnia garífuna.
«Nos amenazan por defender nuestros derechos ancestrales. Exigimos respuesta inmediata del Estado hondureño ante este nuevo ataque a nuestras vidas», indicó Miranda en un mensaje en la red social X.
Miranda difundió un audio en el que un hombre que le advierte de amenazas de muerte contra ella y otros miembros de la comunidad.
«Yo sé dónde están ubicados, ustedes están metiéndose en grandes problemas con nosotros por las tierras, después de ocupar las tierras. Y ustedes están tratando de invadirnos nuevamente, porque ustedes son malas personas», se escucha en el mensaje. También se percibe: «los tenemos en la mira, los vamos a ir a sacar de sus casas para que rindan cuentas, los vamos a matar».
