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viernes, mayo 24, 2024

La libertad de movilización: ¿el supremo derecho?

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Víctor Manuel Ramos

como el derecho constitucional supremo de los hondureños y, congruente con esa valoración, ha transmutado al país en un campamento militar destinado, por supuesto, a garantizar ese supremo derecho de los hibuerenses, sobre todo cuando es obstaculizado o violado por los marchistas o por los antorcheros, hartos de la corrupción en que está sumergido el país. A cualquier intento de protesta del pueblo en contra de los atracadores que nos gobiernan, aparecen, en número desproporcionado, los militares y los pobres policías -ahora arrinconados a un segundo plano- para garantizar que la otra parte de la ciudadanía -la sometida, la indiferente, la que igual le da que el país se hunda- no tenga tropiezo cuando de movilizarse libremente se trata.

Claro que como toda regla tiene sus excepciones, cuando es el gobierno el que está interesado en bloquear las calles, los militares se las toman y -sacrosanto mandato- impiden el paso a cualquier ciudadano sea que esté al frente de una protesta o que necesite transitar por esa vía. Y ay de aquel que ose transgredir la suprema orden. Se las verá con toletes, gases lacrimógenos, lanza aguas y balas -que dicen ser de goma.

Sin embargo, la Constitución nuestra establece en su articulado muchísimos derechos más que son ignorados por el gobierno o que son reducidos a la nada, por tanto no cuentan al momento de hacer el balance nacional sobre el respeto de los derechos humanos. Por eso la violencia con que acuden los agentes de la preservación de la libre movilidad, sin dar tregua para desalojar por las buenas o por las malas.

El pueblo sabe, perfectamente, cómo sus derechos, los realmente fundamentales, son ignorados por el gobierno nacionalista, de tal suerte que: han atracado al Instituto Hondureño del Seguro Social y al Ministerio de Salud y han dejado a miles de hondureños sin la posibilidad de recibir una adecuada atención médica, como lo garantiza la Constitución. Algunos conciudadanos, con tan mala suerte que incluso han perdido la vida, muy a pesar de que el derecho a la vida es uno de los fundamentales. Han pasado a vida mejor.

El gobierno se ha olvidado del derecho a la tierra para los campesinos y el derecho a la vivienda. Por eso tiene en las cárceles a muchos campesinos que han reclamado la tierra como suya, para poderla trabajar y producir lo básico para sus subsistencia. Si hacemos un recorrido, con cámara en mano por la mayoría de nuestras poblaciones y aldeas y por las zonas marginadas de las grandes ciudades, veremos el abandono y el hacinamiento en que pululan los desheredados de esta Guaymuras, que no me gusta eso de Honduras porque no deja de ser despectivo y nos retrata metidos en el fondo de la miseria.

Se ha olvidado el gobierno de ofrecer a los niños y jóvenes el cumplimiento del derecho a la educación. Y, a los maestros respondones les somete a juicios sumarios para destituirlos y para colocar afines políticos sin respetar las normas de reclutamiento.

No goza el guaymurense del derecho a una plena justicia. La criminalidad campea en el país y las muertes se producen en número y forma tan alarmante que deja a quienes nos ven desde el extranjero, boquiabiertos. De todos esos crímenes, muchos ligados a los órganos de seguridad, la justicia no ha atado cabos. Los acusados son encarcelados o liberados de acuerdo con el criterio del «hombre». No voy a examinar todos los derechos que nos da la Constitución y que son papel mojado para este gobierno.

Pero hay un derecho que no puede pasarse por alto, un derecho que el pueblo se atribuye, muy a pesar de lo que opinan quienes nos gobiernan y que, atinadamente, algunos constituyentes  colocaron en la Constitución: el derecho a la rebelión cuando el gobierno es usurpador o cuando el gobierno se sale del cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. Y ese derecho, por ahora, es el que los hondureños debemos reclamar y ejercer si el presidente y sus asesores siguen con oídos sordos al clamor popular de que se instale una Comisión Internacional Contra la Corrupción. Y en la lucha por esa exigencia qué importancia tiene si se obstaculiza, al régimen, el derecho a la libre movilización.

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