La historia desconocida del Fondo Vial y la conexión con los hermanos CW3 y Hugo Ardón

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Fondo Vial
Roberto Ordónez, exsecretario de INSEP y Hugo Ardón, extitular del Fondo Vial.

TEGUCIAGLAPA, HONDURAS. Menos de tres años operó el ahora desaparecido Fondo Vial en en la primera administración del gobierno de Juan O. Hernández. El FV fue una institución manejada por Hugo Ardón, hermano del alcalde de El Paraíso, Copán, Alexánder Ardón(AA), un extraditable acusado por narcotráfico en Estados Unidos.

El Fondo Vial se creó durante el mandato del expresidente Manuel Zelaya Rosales con el objetivo de revisar, financiar, administrar y ejecutar programas de mantenimiento y rehabilitación que definía SOPTRAVI, ahora llamada INSEP.

Esa institución siguió operando durante todo el gobierno del nacionalista Porfirio Lobo Sosa hasta el ascenso de Juan O. Hernández, dos años para ser específicos.

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Renuncia de Ardón

Hugo Alfredo Ardón, hermano del extraditable Alexander Ardón, asumió la dirección del Fondo Vial en junio de 2010, exactamente al iniciar la gestión de Porfirio Lobo Sosa.

Pero en 2015, Ardón Soriano presentó la renuncia a su cargo ante las autoridades de INSEP. Así se informó a través de medios de comunicación. El propio Ardón confirmó la noticia.

Para ese entonces, Roberto Ordóñez era el titular de la Secretaría en mención. Él recibió y aceptó la renuncia del exfuncioario sin problema alguno. Tanto así, que casi de inmediato Óscar Cruz, quien se desempeñaba como subdirector, asumió el cargo.

Jefe de Campaña

Roberto Ordóñez luego se convirtió en el jefe de la campaña política para la reelección de Juan O. Hernández; una campaña donde Alexánder Ardón, el intocable alcalde de El Paraíso, Copán, inyectó dinero del narcotráfico, según informe de la Fiscalía de Nueva York.

También bajo su administración se dieron un rosario de irregularidades, al menos así lo ha demostrado COST en sus más recientes informes.

El cierre del Fondo Vial

Formalmente fue una investigación de Transparencia en el Sector de la Construcción (COST) que obligó al Gobierno de Hernández a liquidar al Fondo Vial.

COST estableció en uno de sus informes que la institución era un nido de corrupción tras conocerse que, de forma irregular, concedía contratos relacionados a proyectos de red vial.

Además, el Fondo Vial era de las instituciones con menor transparencia en la ejecución de las obras.

La “divulgación de información” es uno de los criterios que COST evaluó previo a realizar el informe. En ese sentido, el Fondo Vial reprobó la evaluación con un porcentaje del 60%.

Asimismo, uno de los principales problemas que detectó COST en la institución, era la aprobación de millonarios contratos.

En consecuencia, en julio de 2017, bajo el decreto ejecutivo, el Gobierno del actual mandatario aprobó la intervención de esa institución.

Sin embargo, fue hasta enero de 2018 que se aprobó su liquidación tras la publicación del decreto ejecutivo PCM-086-2017 en el diario oficial La Gaceta.

El hermano de AA

Pero no solo el informe de COST fue la causa utilizada para cerrar la institución que manejaba Hugo Ardón.

Tanto el Fondo Vial como el conocido funcionario entraron en la órbita del escrutinio público en una época donde la narcoatividad era más que evidente y Estados Unidos presionaba por una lucha frontal contra los grandes capos que operaban en Honduras.

En agosto de 2013 se aprobó la nueva Ley de Extradición y el abril de 2014 entró en vigencia tras su publicación en La Gaceta.

Luego siguió la entrega de la familia Rivera Maradiaga a las autoridades de la DEA, el primer paso de la lucha frontal que demandaba EE.UU.

Pero el detonante de la captura de Los Cachiros ocurrió cuando los hermanos Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, sus lideres más visibles, rindieron testimonios en la Corte de Nueva York. Era un 11 de marzo de 2017.

Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán. Acusado en EEUU de tres cargos relacionados con el narcotráfico.

Delatan a Lobo Sosa 

En sus declaraciones, los hermanos Rivera Maradiaga confesaron haber contribuido a la campaña de Porfirio Lobo. A cambio, se les prometió devolver el dinero a través de contratos otorgados por el gobierno de ese expresidente nacionalista.

Con ello pretendían «lavar el dinero proveniente del narcotráfico”, según lo reveló el mismo Devis Leonel Rivera, durante el juicio. Hasta la fecha, Porfirio Lobo ha negado los señalamientos.

Luego de esas declaraciones se conoció que esos contratos suscritos con los hermanos Rivera Maradiaga, se hicieron a través de empresas legalmente constituidas por ellos.

En Honduras por su lado y cuatro meses antes de que el gobierno decidiera cerrar el Fondo Vial, trascendió sendas investigaciones sobre los contratos dados a Los Cachiros.

Así lo denunció el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) tras presentar ante el Ministerio Público, en marzo de 2017, una línea de investigación sobre una licitación que realizó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la construcción de viviendas en la represa hidroeléctrica Patuca III.

El ente investigativo reveló que tres empresas licitantes en el proyecto estaban ligadas a «Los Cachiros».

Bajo esa tormenta, en julio de 2017, el Gobierno del actual mandatario aprobó la intervención del Fondo Vial.