Redacción. En menos de tres años, el gobierno actual ha gestionado un financiamiento de 480 millones de dólares (unos 12,480 millones de lempiras) con el Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente conocido como Corporación Andina de Fomento (CAF).
En julio del 2022, el gobierno firmó la adhesión de Honduras al CAF y, en mayo del 2023, el Congreso Nacional, dirigido por Luis Redondo, aprobó la misma, pese a que las bancadas de oposición se posicionaron en contra.
La problemática se acrecentó cuando la Junta Directiva no ratificó el acta de la sesión donde se aprobó la adhesión de Honduras al organismo y, aun así, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, acción que fue tildada por diferentes sectores como ilegal.
Para que Honduras pudiese adherirse al ente, tuvo que hacer un pago de 11,500 millones de lempiras. En agosto del 2024, se aprobó el primer financiamiento para Honduras por 350 millones de dólares, monto que se dividió en diferentes préstamos, de los que tres ya fueron aprobados por el Congreso Nacional, aprovechando la baja presencia de diputados de oposición.
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Préstamos aprobados en el Congreso
El primero es por un monto de 40 millones de dólares, para la ejecución de un programa de crédito para el subsector cafetalero y el fortalecimiento del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
Según el dictamen, con el proyecto buscan proporcionar las herramientas necesarias para que los pequeños y medianos productores puedan mejorar las prácticas agrícolas e incrementar su producción.
El plazo del desembolso es de seis meses a partir de la vigencia del contrato, por un tiempo a pagar de 15 años y con una tasa de interés del 2 % anual.
Asimismo, se aprobó un segundo préstamo por una cantidad de 80 millones de dólares para el programa para promover la igualdad de género y la inclusión social de indígenas y afrodescendientes, mediante el que deben promover políticas y cambios regulatorios institucionales para el empoderamiento de mujeres, inclusión de personas con discapacidad, el desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Este segundo préstamo contiene un plazo de desembolso de seis años a partir de la vigencia del contrato, con un período de amortización de 20 años y con una tasa de interés del 2 %. Con la aprobación de este préstamo, diferentes sectores se han manifestado exigiendo la creación de políticas orientadas a los sectores involucrados.
Tercer préstamo
El tercer préstamo es por un total de 70 millones de dólares para el programa de preinversión e inversión pública en Honduras, con el que buscarían fortalecer las capacidades del gobierno para identificar, planificar, formular y ejecutar proyectos, incluso la contratación de consultorías para elaborar estudios sectoriales que apoyen el “desarrollo de proyectos ambiciosos, como el tren interoceánico”.
El plazo de pago es por 20 años y cuenta con un período de gracia de cinco años, pero con una tasa de interés aplicable mediante la fórmula de Tasa de Financiamiento Asegurada a un Día (SOFR, por sus siglas en inglés), es decir, con los valores del mercado internacional.
Es importante resaltar que el acta de la sesión del pasado 8 de mayo aún no ha sido aprobada y ratificada por la cámara del Poder Legislativo.
Pendientes
Dentro de los 350 millones de dólares aprobados por el CAF en 2024, está pendiente de someter ante el Congreso Nacional un préstamo de 160 millones de dólares para el Proyecto de Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Occidente CA-4 en Honduras.
Este contempla la ampliación de dos a cuatro carriles en un tramo de 24 kilómetros de la carretera CA-4 entre Chamelecón y Naco, en San Pedro Sula, Cortés.
Adicionalmente, en febrero de 2025 se aprobó otra operación de apoyo al sector cafetalero, para el Programa Bono Cafetalero de la República de Honduras, por 10 millones de dólares.
Mientras que, en marzo de este año, el CAF aprobó 120 millones de dólares para fortalecer las políticas de movilidad humana implementadas por el Gobierno de Honduras, con el objetivo de apoyar la integración de migrantes que retornan al país.
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Gasto corriente
Walter Romero, economista, manifestó que los financiamientos externos solo significan mayor endeudamiento para los hondureños, mientras parte de los fondos conseguidos se van en gasto corriente del sector público.
“Estamos viendo que el gobierno está utilizando las mismas prácticas del pasado. Le está dando más carga financiera, endeudamiento, al pueblo hondureño. La partida más importante en el presupuesto es la partida del pago de intereses de la deuda externa”, dijo.
Agregó que “hay un aumento del endeudamiento, y estos préstamos se suman a la deuda externa. Lo que va a pasar es que va a comprometer más la disponibilidad fiscal del país. Y limita la capacidad para financiar otras prioridades en el futuro». «Siempre la prioridad debe ser salud y educación, sin dejar la infraestructura”, reflexionó.
Romero es del criterio de que la mayoría de préstamos son utilizados para tapar hoyos en el gasto corriente. “El gobierno sabe que tiene un déficit presupuestario que tiene que ir cubriendo con bonos soberanos, endeudamiento… Y solo se está viendo un agujero negro en el servicio de la deuda”, señaló.
Finalizó afirmando que no se puede medir un impacto positivo, porque se orientan los fondos al gasto corriente del gobierno, siendo improductivo para los hondureños.
Constante revisión
Elmis Cárdenas, expresidente del Colegio de Economistas, considera que, aunque con la adquisición de los préstamos no hay riesgo de incumplimiento del pago de la deuda, se tienen que vigilar las tasas de interés de los préstamos con el CAF para evitar un mayor daño a la economía local.
“Recordemos que, conforme se va pagando, se va creando un espacio fiscal para ir adquiriendo más financiamiento. La nueva deuda no debe ser mayor a los pagos ya considerados en el presupuesto. La diferencia puede reflejarse en la tasa de intereses”, apuntó.
Recordó que en otros organismos internacionales las tasas de interés se han establecido más bajas. “Lo que tendríamos que hacer es esta revisión para que la nueva deuda no sea gasto corriente, sino inversión”, cerró.
Proselitismo político
Henry Rodríguez, economista, señaló que dentro del Presupuesto General hay una autorización para adquirir financiamiento, y se debe hacer vigilancia para que los fondos no sean destinados a ganar votos del partido de gobierno en este año electoral.
“Generalmente, cuando un país se endeuda, siempre se recomienda que lo haga a una tasa fija. Así ya establece las condiciones del préstamo y los gobiernos pueden programar. Cuando se deja así en ese tipo de libertad, no se sabe cómo puede impactar el mercado”, expresó.
Añadió que la fórmula de Tasa de Financiamiento Asegurada a un Día (SOFR) tiene tasas variables porque “lo que ocurre es que van a dejar las condiciones al mercado y hay que tener sumo cuidado”.
Para el economista, el préstamo para la inclusión social en un año electoral son recursos inciertos, que «no están claros y definidos. Se puede dar un destino para proselitismo, para ganar votos; eso se debe vigilar. Solo buscan hacer política. Eso de la inclusión social es subjetivo”.
