«Guatemala: un Estado capturado». Ese es el título del último informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), que abandona el país tras 12 años de trabajo contra la contra la corrupción.
A menos de una semana de su salida, la comisión presentó este miércoles un reporte en el que describe una corrupción totalmente enquistada en el sistema y advierte de la «captura y cooptación del Estado» por parte de grupos de poder que buscan perpetuar el statu quo y la «impunidad» en el país centroamericano.
El escenario de la presentación no pudo ser más descriptiva del futuro que afronta la comisión auspiciada por la ONU.
La sede será demolida
Mientras la Cicig daba a conocer el informe, personal de mantenimiento sacaba decenas de cajas y papeles de su sede. La sede pronto será demolida para construir un centro comercial, informa la Agencia Efe.
El gobierno de Guatemala decidió no prorrogar la estadía de la Cicig; la razón es por considerar que es un riesgo para la seguridad nacional. Igualmente, acusarla de violar leyes internas y convenios internacionales. Esto último especialmente en el período del actual comisionado, Iván Velásquez.
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El abogado colombiano, quien participó en la presentación aunque por videoconferencia -el presidente Jimmy Morales prohibió el año pasado su entrada a Guatemala- aseguró que la salida del organismo era consecuencia de los casos de corrupción desarticulados en estos años y de la presión de los grupos que tienen «en su poder al Estado».
La última actividad pública de la Cicig volvió a dejar patente los sentimientos enfrentados que despierta entre la población guatemalteca: varias personas presentes en el evento protestaron por la actividad de la comisión y la acusaron de injerencia en los asuntos nacionales del país.
¿Qué dice el informe?
La Cicig hizo un resumen de sus actuaciones y de las decenas de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad identificados que actúan como «redes político-económicas ilícitas» y que incluyen a «funcionarios, políticos, empresarios y grupos criminales».
Asegura que las redes identificadas son una muestra de las estructuras ilícitas «que se han establecido en la mayoría de entidades del Estado» y que tienen una influencia determinante en la vida política del país.
Sin embargo, la Cicig destaca cómo su trabajo contribuyó a enfrentar la impunidad incluso en las altas esferas.
«Se demostró que ninguna persona estaba por encima de la ley, independientemente del cargo público; también de la riqueza o el prestigio que ostentara», se lee en el informe.
Y en este desafío al poder, destaca la Cicig, fueron «clave» las masivas protestas ciudadanas; como la marcha en 2015 que mostró su apoyo a sus investigaciones.
«Este poderoso mensaje mostró que la sociedad podía cambiar. Tambien que las elites políticas y empresariales debían someterse a la legalidad».
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El informe destaca el financiamiento de los partidos políticos como uno de los factores responsables de la «captura del Estado» y recuerda cómo los resultados de los comicios de 2011 y 2015 -cuando ganaron el expresidente Otto Pérez Molina y el actual, Jimmy Morales- fueron «moldeados» por una financiación electoral ilícita.
Campaña en su contra
Según la Cicig, a medida que avanzaron sus investigaciones y se confirmaron vínculos de estas estructuras ilegales con «núcleos de poder político, económico y social del país», estos optaron por «pactar con cualquier actor que les garantizara impunidad, incluyendo grupos criminales » .
Fue a raíz de estos hallazgos que comenzó lo que la Cicig considera una intensa campaña en su contra «financiada por grupos de poder» y en la que participaron «altos funcionarios de los organismos ejecutivo y legislativo» para sabotear y detener sus investigaciones.
La Cicig destacó el apoyo recibido por parte de la sociedad guatemalteca, especialmente durante la llamada «Primavera chapina» en 2015. Según el organismo, estas estructuras solo buscan mantener «el secuestro de la institucionalidad democrática». Asimismo, el predominio de algunos grupos privilegiados y el saqueo de los recursos públicos».
«Hoy, la sociedad guatemalteca está en un encrucijada: retroceder y someterse al predominio de estos cuerpos ilegales o continuar con la desarticulación de estas redes y apoyar a fiscales y jueces independientes y articular una coalición alternativa que renueve la democracia e impulse un sistema de justicia fuerte e independiente», concluye.
Iván Velásquez, quien asumió la dirección de la Cicig en 2013, pidió durante la presentación del informe «unidad» a todos los sectores para seguir trabajando por la transformación de un país que tiene que «rescatarse y fortalecerse», dijo.
Símbolo anticorrupción
La Cicig, que termina su mandato el 3 de septiembre, la crearon a finales de 2006; esto por un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y Naciones Unidas.
Desde entonces, cooperó con el Ministerio Público en desactivar algunas de las mayores redes de corrupción; como la que terminó con el encarcelamiento del expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Sin embargo, el presidente Morales -a quien la Cicig investigó por presunto financiamiento ilícito de su campaña- ordenó a inicios de este año su expulsión al considerar que el organismo había violado leyes internas y convenios internacionales.
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«Puso en riesgo el orden público, la gobernabilidad y la soberanía del Estado de Guatemala», dijo entonces el mandatario.
Alejandro Giammattei, presidente electo del país tras vencer en las elecciones de agosto, confirmó su intención; es decir, no prorrogar el mandato de la Cicig y de crear una comisión alternativa contra la corrupción.
Fuente: La Prensa Gráfica de Guatemala y la BBC Mundo.
