Atlántida, Honduras. La abogada y jueza de La Ceiba, Flor Sosa, denunció «persecución por parte de las autoridades» tras el allanamiento en la casa de su madre durante «Operación Pegaso».
La queja anterior viene a raíz de que esta mañana varios agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y de la Policía Militar llegaron a esa vivienda. Esto lo hicieron en obediencia a una orden del Ministerio Público.
“Hasta el momento desconocemos la procedencia de este tipo de acciones en contra de la familia, entiendo hay acciones en diferentes lugares”, dijo la jueza. “He sido víctima de acoso por parte de la Fiscalía que me han andado siguiendo en la ciudad como en otros lugares”, agregó.
Cabe recordar que el Ministerio Público acusa a José Octavio Sosa Méndez de ser parte de la banda «Los Rafas», que transporta droga desde La Mosquitia hasta La Ceiba. Por lo que el MP afirmó en su comunicado que es el «principal objetivo».
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Además, Octavio es hermano de José Rafael Sosa Méndez, quien fue detenido en marzo de 2017. Fue acusado por los delitos de portación ilegal de armas y asociación ilícita. Por lo tanto, los dos hombres antes mencionados son hermanos de Flor Sosa.
“Mi familia no tiene nada que ver y durante el proceso acreditaremos la procedencia de los bienes”, argumentó la abogada.
Por otra parte, el abogado de la jueza, Pedro Munguía, denunció excesos por parte de la fiscal encargada del allanamiento. Esto, porque no permitieron el ingreso de los abogados defensores durante la ejecución dentro de la vivienda.
Se queja por la falta de justicia entorno a la violación de su hija
Flor Sosa, madre de la joven colegiala violada sexualmente en La Ceiba a quienes todos conocieron como Alejandra, afirmó que le han violentado sus derechos y garantías constitucionales. Y expresó que en vez de recibir respuesta y justicia por el caso de la violación de su hija, ahora ella se convirtió en victimaria.
Hay que recordar que la niña fue abusada durante su estadía en un centro turístico de La Ceiba. Después de protestas y denuncias para que se capturara a los violadores, el Ministerio Público acusó a tres jóvenes: dos menores de edad y un adulto.
Por lo que la orden de captura está en poder de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), pero los acusados han «desaparecido», según autoridades.
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