Internacional. Kim Jong-un ordenó la ejecución de al menos 30 funcionarios, a quienes se les atribuye la falta de medidas preventivas ante las graves inundaciones y deslizamientos de tierra que azotaron a Corea del Norte en julio de 2024, que causaron la muerte de al menos 4,000 personas y desplazaron a más de 15,000.
Los funcionarios enfrentan acusaciones de corrupción y negligencia en el cumplimiento de sus responsabilidades, de acuerdo con la cadena TV Chosun. «Se ha determinado que entre 20 y 30 cuadros en el área afectada por las inundaciones fueron ejecutados simultáneamente a finales del mes pasado», declaró el oficial del régimen al medio surcoreano.
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Después del desastre, Kim organizó una reunión de emergencia con Kang Bong-hoon, secretario del Comité Provincial del Partido en Chagang, y el ministro de Seguridad Pública, para destituirlos de sus puestos. Lee Il-gyu, un exdiplomático norcoreano, afirmó que los funcionarios se encontraban extremadamente preocupados, sin saber cuándo serían reemplazados.
Rechazó
A pesar de la magnitud del desastre, Kim rechazó la ayuda internacional y ordenó que unas 15,000 personas desplazadas las trasladaran a la capital para recibir asistencia. Estimó que la reconstrucción de las áreas afectadas tomaría entre dos y tres meses, según la agencia AP. Además, desestimó los informes de medios surcoreanos que hablaban de miles de víctimas.
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En Corea del Norte, las ejecuciones públicas son una práctica frecuente. Previo a la pandemia de covid-19, el país realizaba aproximadamente 10 ejecuciones públicas al año.
Korea Times reporta que este número aumentó considerablemente, alcanzando cerca de 100 en los últimos años. También se ha observado un incremento en la ejecución de jóvenes, como parte de los esfuerzos del régimen para frenar la influencia cultural surcoreana. Pero el país afirma que las ejecuciones públicas son poco frecuentes y que la pena de muerte se impone solo en casos excepcionales.
