Redacción. Los Juzgados de lo Penal de Tegucigalpa presentaron en las últimas horas un requerimiento fiscal en contra de Joel Ramos, excoordinador del proyecto de transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Bárbara Castillo Ruiz, portavoz del ente judicial, detalló en Hoy Mismo que «ya se presentó un requerimiento fiscal para el ciudadano Joel Ramos García. A él se le supone responsable de obstaculizar la entrega de documentos electorales«.
El requerido ya ha sido localizado y se está a la espera de su formal captura para que pueda comparecer ante el juez en el órgano competente.
«Hasta este momento no se ha puesto a la orden de esta judicatura. Pero, una vez que lo haga, se tomará la declaración de imputado, el juez dictará una medida y luego se señalará la fecha y hora de la audiencia inicial, que es el momento procesal oportuno para evacuar los medios de prueba, tanto del ente acusador del Estado como de la defensa técnica del encausado», subrayó Castillo.
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También la portavoz indicó que, en primera instancia, Ramos García será trasladado a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para realizar un procedimiento previo y luego se le remitirá a los juzgados.
Asimismo, resaltó que los únicos resultados después de la audiencia de declaración de imputado son la detención o medidas sustitutivas (defenderse en libertad).
Acusación del Ministerio Público
El pasado lunes, en horas de la noche, el fiscal general Johel Antonio Zelaya informó sobre la presentación de un requerimiento fiscal en contra de seis personas.
A todos ellos se les señaló como vinculados con la contratación del transporte de las maletas electorales para los comicios primarios del domingo 9 de marzo, cuyo valor fue de 64 millones 789 mil 021 lempiras con 78 centavos.
Los sospechosos y mencionados son:
- Joel Ramos García, excoordinador del proyecto de transporte del CNE.
- Raúl Amílcar Rivera Montoya
- Dennis Emilio Hércules Rosa
- Juan Carlos Canales Lobo
- José Martín Pastrana Sánchez
- Carlos Salomón Fonseca Robles (transportista)
Los últimos cuatro eran miembros de la Comisión Evaluadora del transporte y se les presume responsables de los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles en perjuicio de las funciones públicas.
