Redacción. En medio de críticas y cuestionamientos por parte de diversos sectores, la Junta Directiva del Congreso Nacional envió al Poder Ejecutivo tres contratos de préstamo suscritos con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), por un total de 190 millones de dólares, sin que se haya ratificado el acta de la sesión legislativa en la que fueron aprobados.
Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, confirmó ayer jueves que el envío al Ejecutivo se realizó conforme a lo que permite la legislación hondureña. “No sé por qué se quiere hacer tanto problema con el acta de la sesión. Los préstamos ya fueron aprobados y la ley señala que una vez aprobados, el presidente del CN puede enviarlos al presidente en los próximos tres días, eso ya se hizo”, aseguró.
Ante la pregunta sobre si la medida podría considerarse ilegal, Pino respondió que no existe ninguna disposición en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Legislativo que obligue a ratificar el acta como condición para que entren en vigencia. “Eso ha sido una costumbre y esa costumbre se convirtió en una ley informal, sin arreglos formales”, subrayó.
El funcionario también informó que se ha alcanzado un acuerdo entre las jefaturas de bancada para aprobar el presupuesto destinado a las elecciones generales.
¿En qué consisten los préstamos?
Los tres préstamos, que suman alrededor de 5 mil millones de lempiras, se aprobaron en distintas fechas, en sesiones marcadas por baja asistencia de diputados y controversia política:
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Primer préstamo: por un monto de 70 millones de dólares, aprobado el 7 de mayo con apenas 56 votos a favor. Está destinado a financiar proyectos de preinversión pública y acceso a agua potable.
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Segundo préstamo: asciende a 80 millones de dólares y se dirigirá a programas de inclusión social e igualdad de género. Su aprobación también se dio con escasa participación legislativa.
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Tercer préstamo: por 40 millones de dólares, tiene como objetivo el fortalecimiento del sector cafetalero y de Banadesa. Aprobado durante la misma sesión en la que se intentó sin éxito aprobar la controvertida Ley de Justicia Tributaria.
La publicación oficial de estos contratos figura en la edición No. 36,850 del diario oficial La Gaceta, correspondiente al jueves 29 de mayo.
