TEGUCIGALPA, HONDURAS. La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, envió una carta a la pareja presidencial para cuestionar y a la vez invitar a la reflexión ante el posible reintegro de policías depurados.
Durante el año 2016, una comisión nombrada por el expresidente Juan Orlando Hernández, realizó un proceso de revisión y depuraron a más de 6 mil miembros de la Policía Nacional.
En tal sentido, muchos de ellos alegan que sus bajas fueron sin fundamento y no descartan pedir al gobierno de Xiomara Castro, su reintegro en la institución. Es por tal razón, que la exrectora escribió una extensa carta, señalando varios aspectos.
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Carta de la exrectora Julieta Castellanos
La carta escrita por la exrectora de la UNAH, va dirigida precisamente a la presidenta de la República, Xiomara Castro, y a su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales.
«Distinguida Señora Presidenta. Distinguido Señor Expresidente. Con el respeto a su alta investidura me permito escribirles en mi condición de ciudadana, de académica estudiosa del tema de la seguridad ciudadana, y especialmente en mi condición de víctima de una Policía penetrada por el crimen», detalla el escrito.
Asimismo, el documento de la exrectora destaca que el camino para construir la institucionalidad profesional policial en el país ha sido un proceso largo, tortuoso y fracasado.
El tramo para esta construcción, de acuerdo a la carta, inicia en el año 1993 con la creación de una Comisión Ad Hoc, luego de la denuncia de un agente policial que vincula a los policías de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), con torturas y muertes en las calles de San Pedro Sula. Esa comisión eliminó a la DNI.
«En 1996 el presidente Reina, mediante Decreto 229-96 ordena el traspaso de la Policía a los civiles y autoriza un proceso de depuración de la Policía. La Comisión la preside el Dr. Hernán Corrales Padilla, y la integran Cesar Elvir Sierra, Rubén Zamora Bados, German Leitzelar y Alfredo Landaverde», agrega.
Escalada de crímenes a finales del siglo XX
Además, el documento de la rectora señala que para finales del siglo XX se inició una escalada de crímenes sin precedentes en el país. A la vez, agrega que en el 2005, siendo el presidente Ricardo Maduro, se registraron en Honduras 37 homicidios por cada 100 mil habitantes.
«El año 2006, primer año de gobierno del presidente Zelaya se registró una tasa de 46.2 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para el año 2009, el país cierra con una tasa de 66,8 por cada 100 mil habitantes, y el año 2011 se llega a la tasa más alta, 86.2 por cada 100 mil habitantes», asegura.
Por tal razón, Julieta Castellanos destaca que Honduras se convirtió en el país más violento del mundo y la situación se comenzó a revertir en el año 2012.
«El New York Times publicó un reportaje en el año 2016, ‘Tres generales y un cartel: violencia policial e impunidad en Honduras – The New York Times’. El contenido reproduce un informe interno de la Policía que revela quiénes, dónde y cómo se planificó la muerte del General Arístides Gonzales y de Alfredo Landaverde, el año 2009 y 2011, respectivamente», subraya la carta.
Nombramiento de la Comisión Depuradora
Según la exrectora, el informe de la Policía conduce a que el Congreso Nacional, mediante Decreto N.21-2016, declara «situación de emergencia» por seguridad nacional y autoriza la creación de la Comisión para la Transformación y Depuración de la Policía Nacional
«Esta comisión la integran el ministro de Seguridad, Julián Pacheco; Omar Rivera,
Vilma Morales y Alberto Solórzano. Posteriormente se integran German Leitzelar, Jorge Machado y Carlos Hernández como asesores», agrega y recuerda el documento.
Por otro lado, el texto de la exrectora plantea que tras el nombramiento de la comisión, los hondureños fueron conociendo las entrañas de la Policía. En tal sentido, asegura que la institución aún debe muchas respuestas sobre la infiltración y cooptación del crimen en este ente, cuando su función principal es combatirlo.
«¿Cómo fue posible que no supieran las acciones delictivas de sus compañeros? Hoy sabemos que al menos siete altos oficiales de la Policía han sido solicitados en
extradición o se han entregado a la justicia de Estados Unidos, país que los acusa de ilícitos vinculados al crimen organizado», afirma el texto.
Vinculación de la Policía en el narcotráfico
Asimismo, cuestiona que otros oficiales de la Policía, con nexos en el crimen organizado están prófugos de la justicia hondureña. Mientras tanto, a otros los acusan en los tribunales por delitos de lavado de activos.
Son al menos seis oficiales a los que el Ministerio Público acusa de haber realizado transacciones por un monto que supera los 3 mil millones de lempiras, entre los años 2007 y 2017, añade.
Estos imputados, según Castellanos, no pudieron justificar estos movimientos bancarios, y los sueldos oscilaban entre los 55 mil y 65 mil lempiras mensuales en este periodo.
«Su gobierno Sra. Presidenta ha decidido reintegrar a policías separados en el último proceso de depuración, justificados en la necesidad de aumentar el número de policías para enfrentar el delito y el crimen, esta política de seguridad fue la misma del expresidente Zelaya el año 2007, y no tuvo resultados positivos», apuntó.
Una política de seguridad que no funcionó
Según estadísticas que muestra la exrectora en su carta, las muertes violentas en Honduras pasaron de 2 mil 417 en el año 2005 a 5 mil 265 en el año 2009.
Por otro lado, destaca que, en contraste, Nicaragua con 1. 6 policías por cada mil habitantes, tiene una tasa de homicidios de 4.4 por cada 100 mil habitantes. Entre tanto Honduras, refleja 1.3 policías por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 42 muertes por cada 100 mil habitantes, datos para 2020.
«Esta decisión sorprende porque significa una negación de los hechos descritos, un irrespeto a las víctimas de una policía coludida e infiltrada por criminales, un desconocimiento de la historia reciente, y un desprecio al trabajo realizado por personas que se arriesgaron al asumir una tarea que le correspondía hacer a la institución policial y al Estado en su conjunto», cuestiona Castellanos sobre el reintegro.
Ninguna institución asumió responsabilidad
Por otro lado, Julieta Castellanos destacó en su carta que ninguna institución, por temor o complicidad, asumió esta responsabilidad. «Se acomodaron, no asumieron riesgos y se
coludieron. No hay otra explicación. Imposible que las unidades de inteligencia y contrainteligencia no conociera las actividades ilícitas referidas», afirma.
«La seguridad ciudadana es un bien público, es una responsabilidad del Estado, y las decisiones en este tema, como en otros, no puede ser resultado de la improvisación, la ocurrencia, la ligereza, ni compromisos políticos partidarios», añadió la exrectora.
Por último, Castellanos asegura que es sorprendente el entusiasmo que tienen las autoridades de la Policía ante esta decisión del reintegro. Apunta que ellos se formaron y crecieron dentro de la policía, conociendo muy bien a sus miembros.
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