TEGUCIGALPA.-La sala III del Tribunal de Sentencia inició el Juicio Oral y Público contra siete exmiembros de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores, por la acusación sobre la supuesta comisión de delitos financieros en perjuicio de los accionistas y prestatarios del Banco de los Trabajadores.
El proceso penal fue iniciado por el Ministerio público en contra Isidro Rigoberto Romero Lozano, Miguel Marchetti Fabs, José Dolores Valenzuela Gavarrete, José Alfredo Elvir Hernández, Ilda Orfilia Rubio Alvarado, Juan Carlos Saravia Rivera y Carlos Mariano Martínez Jiménez.
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Por lo anterior delitos el MP también acusó a los ciudadanos Manuel Ramón Pineda y Gustavo Adolfo Zelaya Chávez, presidente y gerente del banco, respectivamente; sin embargo, fueron sobreseídos por el Juzgado de Letras Penal, resolución que también fue ratificada por la Corte de Apelaciones por considerar que ellos no tenían derecho al voto, solo a voz en las decisiones de la Junta Directiva, no así contra el resto de los imputados en el proceso a quienes dicha Corte les revocó el sobreseimiento otorgado por el Juzgado de Letras.
Ante la anterior resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal, el ente acusador presentó un Recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional, mismo que fue declarado sin lugar, ratificando así el fallo dictado por la Corte en mención.
A los encausados el ente acusador del Estado les imputó el otorgamiento de préstamos sin los requisitos de ley a la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Honduras (FFSITRANH), la que pese al nivel de su endeudamiento se le autorizaron sobregiros, contradiciendo a lo estipulado en el manual de procedimientos y políticas de crédito del Banco y se continuó concediéndoles préstamos sin ser previamente autorizados por el Banco Central de Honduras.
En iguales condiciones irregulares se concedieron préstamos a otras empresas entre ellas Inmobiliarias San Sebastián, Empresa Sociedad Técnica de Construcción S.A de C.V (TECNOCASA) S.A de CV y otras.
Cabe destacar que el Banco de los Trabajadores hasta el año 2006 operó principalmente con créditos de consumo, pero pese a su deficiencia administrativa se manejaba de manera aceptable, sin embargo entre los años 2006 a 2009 otorgó facilidades crediticias a grandes deudores comerciales, sin aplicar una sana y efectiva gestión de crédito, situación que provocó un grave deterioro de la cartera crediticia, requiriendo reservas adicionales para otorgar créditos de dudosa recuperación, afectando significativamente la situación patrimonial del banco.
Muchos de los créditos aprobados inadecuadamente, según informe rendido por la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) presentaban un alto nivel de morosidad, con una dudosa recuperación que representaba un 95 por ciento del patrimonio que el banco tenía registrado hasta antes del 30 de Noviembre del año 2010, siendo esta una de las principales causas del deterioro financiero de la institución.
