Redacción. Las autoridades de Estados Unidos iniciaron este martes el juicio contra el empresario estadounidense Carl Alan Zaglin, acusado de participar en una compleja red de sobornos y lavado de activos que involucra a altos exfuncionarios hondureños del fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional.
La Fiscalía estadounidense sostiene que Carl Zaglin pagó sobornos para asegurarse contratos públicos en Honduras valorados en más de 10 millones de dólares. El proceso judicial ha despertado la atención por el presunto esquema de corrupción, que incluye a figuras clave de la administración pública de Honduras.
Entre los principales testigos del caso se encuentran Francisco Roberto Cosenza, exdirector de la Tasa de Seguridad, y Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador de la misma institución, quienes ya se han declarado culpables por su participación en el esquema delictivo.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Carl Zaglin logró obtener dos grandes contratos gubernamentales en 2015 y 2016 mediante pagos ilícitos dirigidos a los funcionarios de la Tasa de Seguridad.
Estos contratos, adjudicados a través del Comité Técnico del fideicomiso, estaban destinados a la compra de uniformes y equipos tácticos para la Policía Nacional de Honduras.
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Carga probatoria
La evidencia presentada por la Fiscalía incluye grabaciones de audio, correos electrónicos, fotografías de reuniones, análisis forenses de flujos financieros, y testimonios clave que detallan la forma en que los sobornos eran canalizados mediante empresas pantalla, transferencias internacionales y facturación fraudulenta.
Carolina Meléndez, experta en investigación jurídica y social, explicó que el gobierno estadounidense ha presentado una lista de 17 testigos, incluyendo expertos en finanzas forenses y personas que participaron directamente en la red de corrupción.
Meléndez explicó que la investigación incluye el nombre del exministro de la Secretaría de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, quien está implicado y figura en la lista de evidencias que se presentarán.
Entre dichas pruebas se encuentran varias fotografías de reuniones relacionadas con cada contrato. Asimismo, señaló que Pacheco aparece en documentos oficiales del Distrito Sur de Florida, donde es considerado un conspirador.
Meléndez reveló que durante el juicio se presentará una experta en derecho penal hondureño, quien explicará cómo las acciones del empresario estadounidense y sus cómplices violaron leyes tanto de Honduras como de Estados Unidos.
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Aceptaron la culpabilidad
Cosenza fue capturado en Honduras el 9 de enero de 2024 por orden de extradición emitida por Estados Unidos. Posteriormente, fue extraditado en abril de 2024 y, el 13 de agosto de 2025, se declaró culpable ante la corte federal por conspiración para lavado de activos y su rol en el esquema de sobornos relacionados con contratos estatales.
Juan Ramón Molina, por su parte, fue arrestado en Houston, Texas, en octubre de 2023, bajo cargos de fraude, abuso de autoridad y lavado de activos. Según la documentación judicial, entre 2015 y 2019, Molina y otros funcionarios, incluido un exalto cargo identificado como “Funcionario Extranjero 1”, recibieron pagos ilegales.
Estos pagos provenían de parte de ejecutivos de una empresa estadounidense denominada “Compañía Georgia 1”. Esta compañía obtuvo contratos gubernamentales por más de 10 millones de dólares.
La Fiscalía estadounidense basa su caso en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que prohíbe el pago de sobornos a funcionarios públicos extranjeros para obtener ventajas comerciales indebidas.
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Investigación
La red de corrupción detallada en la acusación incluye la creación de empresas offshore, cuentas bancarias en Belice, Estados Unidos, y otros países, así como el uso de intermediarios financieros para ocultar los pagos corruptos. Juan Ramón Molina, según la acusación, utilizó una empresa registrada en Belice y cuentas en el “Banco de Belice I” para recibir fondos ilícitos.
Además, se identificó a otra entidad offshore, registrada como “Offshore 2” en 2016, que recibió transferencias vinculadas al mismo esquema de corrupción. Las empresas y personas involucradas enmascaraban las transacciones mediante contratos falsos y facturas fraudulentas. Movían los fondos a través de sistemas financieros en Estados Unidos, Francia y varios países centroamericanos.
También figura en la investigación el exministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, a quien se menciona como parte del esquema y como uno de los “conspiradores” señalados en los documentos oficiales del caso. Fotografías de reuniones y evidencia documental lo vinculan a las negociaciones de los contratos bajo investigación.
Justicia hondureña
Por su parte, las autoridades hondureñas acusaron a Juan Molina por los delitos de fraude, abuso de autoridad y lavado de activos. Habrían defraudado al Estado hondureño por un monto de 18,547,200 lempiras.
La investigación revela que, en diciembre de 2021, la Secretaría de Seguridad adjudicó de forma irregular un contrato a la empresa Plasticards. Esta empresa se había constituido apenas dos meses antes.
A pesar de haber pagado el total acordado por la compra de 480 mil tarjetas, el país solo recibió 258,000. Según el informe fiscal, apenas tres días después de realizarse un pago de L18.5 millones a Plasticards (el 22 de enero de 2022), su socia Liana Mayorga transfirió L17 millones a la empresa Inversiones MyM S. de R.L. Esta empresa, propiedad de Juan Molina, estaba legalmente inhabilitado para contratar con el Estado por su rol en el fideicomiso de la Tasa de Seguridad.
Además, se evidenció el uso de empresas extranjeras, como Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en EE. UU. También se constató el uso de sistemas financieros en Estados Unidos y Francia para triangular fondos y lavar dinero público.
