TEGUCIGALPA.- La defensa de la jueza Liz Núñez ha solicitado que se le dicte arresto domiciliario ya que su defendida padece de cáncer.
A Liz Núñez la capturaron por su vinculación con el sonado caso «Shalom».
Por ahora la jueza hondureña se mantiene bajo un auto de formal procesamiento con prisión preventiva, guardando prisión en la cárcel de mujeres.
La jueza es acusada por el Ministerio Público por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato en perjuicio de la administración pública, en el mencionado caso «Shalom».
Raúl Suazo, abogado defensor de la acusada, dijo que durante la audiencia inicial solicitaron que se le otorgara la medida de arresto domiciliario debido a que ella sufre de cáncer, lo cual fue constatado en las evaluaciones hechas por el personal de Medicina Forense.
Informó que Núñez será sometida a otras evaluaciones médicas para determinar en qué nivel de avance está el cáncer que sufre y así solicitar el arresto domiciliario. Mientras tanto, la jueza fue trasladada nuevamente a la cárcel de mujeres.
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Hechos
La jueza fue detenida el pasado lunes en la Operación Medusa, por detectives de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), dirigida a miembros de la Carrera Judicial y Fiscal vinculados a múltiples delitos.
La jueza estará en el Centro Especial Femenino de Adaptación Social (Cefas), ubicado en Támara, Francisco Morazán.
El mismo día de su detención, se le dio captura a otros cuatro empleados judiciales por suponerlos responsables de distintos delitos, entre ellos: Liz María Ernestina Núñez Cardona y el secretario del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, David Mejivar, ambos vinculados al denominado caso “Shalom”.
También se le dio captura a Yasmin Zamara Dubón, así como a las empleadas Jenny Petra Argueta y Adela Elizabeth Sánchez.
Por su parte, a Menjivar el Ministerio Público lo señala por tres delitos de cohecho en ese mismo caso.
A Zamora Dubón se le supone responsable por los ílicitos de fraude en prejucio del Estado y abandono de cargo, debido a que tras ser nombrada fiscal siguió cobrando por más de 10 meses su sueldo en su anterior cargo como escribiente en los juzgados de esa ciudad.
Entre tanto a Argueta y a Sánchez se les acusa por destrucción de documentos confiscados a la custodia de un funcionario público.
