Redacción. Un juez de Letras Designado impuso arresto domiciliario con resguardo policial a Irissabel Lucía Miranda Hernández, jueza acusada por el delito de prevaricato judicial en un proceso relacionado con un millonario perjuicio contra el Estado de Honduras.
La funcionaria está señalada por el Ministerio Público (MP) de haber reactivado demandas previamente anuladas, lo que habría facilitado un esquema fraudulento con pérdidas que superarían los 3 mil millones de lempiras.
La causa se tramita mediante el procedimiento especial aplicable a altos funcionarios. Según la acusación, Miranda Hernández admitió irregularmente una demanda que ya había sido resuelta con firmeza, favoreciendo a las partes demandantes y comprometiendo fondos estatales.
La audiencia de declaración de imputado se desarrolló este lunes, y la audiencia inicial quedó programada para mañana martes 5 de agosto a las 2:00 p.m., donde comparecerán también otros involucrados en el caso.
Otros imputados
Entre los imputados figuran el juez Raymundo Gradiz, quien guarda detención judicial, así como los ciudadanos Juan Fernando Madrid, Caronte Rojas y Eva Vásquez, señalados de integrar una presunta red de corrupción que se habría beneficiado mediante demandas ficticias y resoluciones amañadas.
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Además, el proceso ha salpicado políticamente al diputado Nelson Márquez, a quien se vincula con la jueza acusada.
El Ministerio Público ha calificado el caso como parte de una estructura dedicada a defraudar al Estado utilizando el aparato judicial. Diversos sectores han pedido que se imponga castigo ejemplar a los responsables y se refuerce el control sobre las decisiones judiciales que involucran fondos públicos.
