Redacción. Una jueza federal bloqueó este viernes el uso de la deportación acelerada que el Gobierno estadounidense invocó para agilizar la expulsión de inmigrantes liberados bajo libertad condicional dentro del país.
La magistrada Jia M. Cobs, del Tribunal del Distrito de Columbia, ordenó a la Casa Blanca detener la deportación sumaria de cientos de miles de inmigrantes que ingresaron a EE.UU. huyendo de la persecución en sus países de origen.
El fallo responde a una demanda presentada por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la Red UndocuBlack (UBN) y CASA, que alegaron que el Ejecutivo emplea un proceso de deportación “profundamente defectuoso”, tras la anulación, en marzo pasado, de un programa creado durante la administración de Joe Biden (2021–2025) para reducir el ingreso de extranjeros por la frontera sur.
Suspensión
La querella, presentada en nombre de varios inmigrantes admitidos bajo la Operación Aliados Bienvenidos o el programa de patrocinio para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), solicitó al tribunal que suspenda las expulsiones que se realizan sin otorgar acceso a una audiencia ni representación legal.
En su fallo, la jueza Cobs subrayó que el caso plantea “una cuestión de equidad”. Los inmigrantes afectados ingresaron al país siguiendo las reglas vigentes. Pero, ahora enfrentan la deportación bajo nuevas condiciones impuestas por el gobierno, a pesar de que la ley “prohíbe” tales cambios por parte del Ejecutivo.
La magistrada también criticó las tácticas utilizadas por la administración actual, comparándolas con las prácticas de los países de los que los inmigrantes huyeron.
“¿Serán expulsados sumariamente de un país, al ser detenidos en puestos de control y a la salida de los tribunales, a menudo por agentes vestidos de civil sin explicaciones ni cargos, puede parecerse cada vez más a los países de los que intentaron escapar?”, escribió Cobs.
Angélica Salas, directora de CHIRLA, celebró el fallo en un comunicado. Ella afirmó que los inmigrantes demandantes “hicieron absolutamente todo lo que el Gobierno les pidió” para tener la oportunidad de comenzar una nueva vida en Estados Unidos.
“Merecen la dignidad de un día en la corte y esta demanda busca asegurar que la reciban”, indicó la activista.
Casa Blanca
En marzo, la Casa Blanca anunció la eliminación del programa migratorio CHNV, el cual permitió a unos 530,000 inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua residir y trabajar temporalmente en EE.UU., tras obtener el respaldo de un patrocinador.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que el programa “no aporta un beneficio público significativo. No ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal. Además, no cumple sus propósitos previstos y es incompatible con los objetivos de política exterior” de la Casa Blanca.
Los beneficiarios del CHNV tuvieron hasta el 24 de abril para cambiar su estatus migratorio o quedar expuestos a la deportación.
Por su parte, Ama Frimpong, directora legal de CASA, advirtió en un comunicado que la batalla legal aún no ha terminado. La organización continuará trabajando para convertir la orden temporal en una medida permanente.
Además de esta querella, la Casa Blanca ya enfrenta otras dos demandas relacionadas con la cancelación del programa CHNV.
