Redacción. Una jueza rechazó una solicitud para exigir a los 15 condados de Arizona que verifiquen la ciudadanía de alrededor de 42,000 votantes registrados únicamente para sufragar en las elecciones federales en el estado.
De acuerdo con el informe, la togada llegó a la conclusión de que quienes pidieron las verificaciones lo hicieron demasiado cerca de las elecciones del 5 de noviembre y carecían de bases legales.
Una demanda presentada a nombre de un votante de Arizona y del grupo de defensa conservador Strong Communities Foundation of Arizona solicitaba una orden judicial que obligara a los registradores de los condados a pedir que autoridades federales verifiquen la ciudadanía de esos votantes.
Arizona exige que los votantes demuestren su ciudadanía para poder participar en las elecciones locales y estatales. Sin embargo, quienes no presenten pruebas de ciudadanía, pero declaren bajo juramento su ciudadanía, solo pueden votar para las elecciones presidenciales, a la Cámara de Representantes o al Senado.
Demanda
Según la demanda, los funcionarios no cumplían con una ley de 2022 que exige el cotejo de la información de registro con información gubernamental.
“Ellos (los demandantes) no han demostrado con claridad que haya un perjuicio. Tampoco que la acción que solicitan es factible”, escribió la jueza federal de distrito Krissa Lanham en una orden emitida el viernes.
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Lanham, designada por el presidente Joe Biden, dijo que no desviaría recursos de las cercanas elecciones para la comprobación de la ciudadanía.
La parte demandante comunicó al tribunal que pretende apelar el fallo. Asimismo, la organización conservadora America First Legal, dijo que la apelación se hizo “para exigir que los posibles extranjeros ilegales y no ciudadanos sean eliminados legalmente de las listas de votantes de Arizona”.
Por su parte, Taylor Kinnerup, portavoz del registrador del condado de Maricopa, Stephen Richer, se negó a comentar sobre la orden de la jueza.
La demanda argumentaba que no era suficiente con que los funcionarios del condado consulten las bases de datos. A su vez, señala que los funcionarios debían solicitar a las autoridades federales que verifiquen el estatus de ciudadanía de los votantes.
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