Redacción. Un juez federal prohibió temporalmente que las autoridades migratorias utilicen los datos que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) compartió sobre inmigrantes usuarios del sistema de salud pública en veinte estados, tras una demanda presentada por demócratas.
Vince Chhabria, juez federal del Distrito Norte de California, emitió la restricción en respuesta a la demanda que los estados presentaron contra el HHS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los demandantes pidieron al tribunal bloquear el intercambio de datos del programa de asistencia de salud financiado por el gobierno, Medicaid, y garantizar que la información ya compartida no se utilice con fines migratorios.
La querella sostiene que transferir masivamente estos datos al DHS viola la ley de salud pública y vulnera la privacidad de los beneficiarios de Medicaid.
La norma aprobada por el Congreso en 1965 establece que los datos personales de los participantes del programa son confidenciales y solo pueden compartirse en circunstancias específicas para proteger la salud pública.
En su fallo, Chhabria determinó que el Ejecutivo no siguió los procedimientos adecuados para modificar las políticas sobre el intercambio de información médica personal.
La resolución también impide que el HHS comparta en el futuro datos de Medicaid con el DHS con fines migratorios.
“El uso de datos del CMS para el control migratorio amenaza con interrumpir significativamente el funcionamiento de Medicaid, un programa que el Congreso considera crucial para brindar cobertura médica a los residentes más vulnerables del país”, escribió Chhabria el martes.
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Alcance de Medicaid
Medicaid ofrece seguro médico a personas de bajos ingresos y a grupos desatendidos, como niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidades y adultos mayores.
Para enero de 2025, 78,4 millones de personas estaban inscritas en Medicaid y en el Seguro Médico para Niños (CHIP) a nivel nacional.
En California, donde el programa se llama Medi-Cal, Medicaid cubre a uno de cada tres californianos, incluyendo a más de dos millones de extranjeros.
Entre ellos se encuentran titulares de tarjetas de residencia permanente (green card), refugiados y personas con Estatus de Protección Temporal (TPS). Además, beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Como no todos los inmigrantes califican para los servicios de Medicaid financiados con fondos federales, California utiliza fondos estatales para ofrecer cobertura médica a todos los residentes elegibles, independientemente de su estatus migratorio.
Los estados que participan en la demanda son Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Massachusetts, Maine, Maryland y Michigan. También, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington.
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