Redación. Un juez federal suspendió temporalmente la orden ejecutiva de Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Esta decisión representa el primer obstáculo para los planes del nuevo mandatario de reformar el sistema migratorio.
La orden, firmada tras asumir la presidencia, buscaba negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres sin papeles o con estatus migratorio temporal. La Enmienda 14 de la Constitución garantiza que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, sin importar el estatus migratorio de los padres.
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El magistrado del distrito federal John C. Coughenour, en Seattle, consideró que la orden es claramente «inconstitucional», según declaraciones recogidas por la cadena ABC News. «He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso donde el caso presentado sea tan claro como este. Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional», dijo Coughenour, quien fue nominado para el cargo en 1981 por el exmandatario Ronald Reagan (1981-1989).
En la práctica, esta orden ejecutiva, impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a dichos niños y que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.
Demanda
En total, 22 estados con gobiernos demócratas interpusieron este martes una demanda en contra del intento de Trump de acabar con ese derecho. En un primer momento, 18 estados interpusieron su denuncia el martes y ese mismo día otros cuatro estados pidieron a la corte federal que su orden no fuera aplicada.
La decisión de Coughenour está relacionada con esos últimos cuatro estados y estará en vigor durante 14 días, tiempo durante el cual podría haber recursos en su contra, según detalló el diario The Seattle Times.
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El presidente ha intentado implementar varias medidas en menos de cuatro días. Entre ellas, acabar con la ciudadanía por nacimiento. También declaró el «estado de emergencia nacional» en la frontera sur, permitiendo el despliegue de las fuerzas armadas. Autorizó redadas migratorias en lugares sensibles como iglesias, escuelas y hospitales. Suspendió el programa de reasentamiento de refugiados y reanudó la construcción del muro fronterizo.
Para asegurarse de su implementación, Trump instruyó al Departamento de Justicia a investigar a cualquier funcionario que se oponga a implementar estas medidas.