Redacción. El juez federal Charles Breyer ha emitido una orden de restricción temporal que exige al presidente Donald Trump la devolución del control sobre la Guardia Nacional (GN) a las autoridades de California.
Esta decisión judicial declara ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad, argumentando que viola la Décima Enmienda de la Constitución de EE. UU. y excede la autoridad legal otorgada al presidente.
Hasta el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado oficialmente sobre esta orden. Sin embargo, fuentes extraoficiales indican que el gobierno federal presentó una apelación ante la orden en el Tribunal del Noveno Circuito casi de inmediato.
La situación sugiere una confrontación legal en curso. Mientras tanto, el juez Breyer reiteró que Trump se extralimitó al ordenar el despliegue de 4 mil elementos de la GN en respuesta a las numerosas protestas que continúan en Los Ángeles contra la política de represión migratoria.
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Batalla legal
Esta medida judicial surge en el contexto de una disputa legal más amplia entre el estado de California y la administración Trump. El gobernador de California, Gavin Newsom, previamente presentó una demanda para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional en contra de su voluntad.
Poco después, el estado presentó una moción de emergencia solicitando al juez que impidiera que la Guardia Nacional brindara apoyo en las redadas migratorias.
Newsom había señalado que, inicialmente, las tropas fueron desplegadas con la única intención de proteger edificios federales. Además, buscaba que el tribunal no permitiera que las tropas colaboraran en la protección de agentes de inmigración en las redadas, argumentando que esto solo propiciaría el aumento de las tensiones y el malestar social.
El presidente Trump, por su parte, respondió a las peticiones de Newsom calificándolas de una «crasa maniobra política», que, según un comunicado emitido el pasado miércoles, pone en peligro la vida de sus conciudadanos.
Es importante recordar que la autoridad para convocar a la Guardia Nacional recae regularmente en los gobernadores; no obstante, existen circunstancias limitadas en las que el presidente puede desplegar estas tropas, lo que ha generado el actual debate legal sobre los límites de dicha autoridad en situaciones de protesta social.
