TEGUCIGALPA, HONDURAS. El juez que conoce el caso de «Tony» Hernández confirmó a la defensa del ex diputado nacionalista que no anulará las declaraciones hechas durante el interrogatorio que le hizo la DEA el día de su detención.
El juez Kevin Castel fue el encargado de rechazar la moción de Hernández, durante una audiencia celebrada ayer jueves 27 de junio en un Tribunal de Manhattan y con una duración de casi tres horas.
La defensa de Hernández pretendía desestimar el interrogatorio que agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) hicieron a su cliente cuando fue detenido.
La defensa de “Tony” también solicitó que la Fiscalía le revelara los nombres de los supuestos conspiradores. Igualmente, las fechas y lugares donde presuntamente se habría reunido su defensido para coordinar el supuesto trasiego de drogas.
“Hay cierta información que plantea un riesgo sustancial a la seguridad de otras personas” y al juicio, es el argumento que dio Castel para denegar la petición.
«Pero el Gobierno ya reveló la identidad de uno de los testigos cooperantes”, agregó Castel.
Aunque el juez no dio nombres, podría estarse refiriendo a Devis Leonel Rivera Madariaga, ex líder del cartel «Los Cachiros».
Juan Antonio Hernández está bajo arresto en Estados Unidos. Lo capturaron en noviembre de 2018 cuando viajó a aquel país, ignorando que sería detenido.
El objetivo de la investigación
En la audiencia, el fiscal Emil Bové argumentó que «Tony» quiso seguir con el interrogatorio, pese a que en el momento del arresto no tenía abogado, como lo indica su defensa. Sin embargo, alegaron que los agentes le enviaron a Manuel Retureta tres mensajes de voz “por cortesía”.
“Los agentes de la DEA realmente querían entrevistarlo porque es el hermano del presidente de Honduras, que es el blanco de su investigación”, dijo el abogado defensor Michael Tien.
El acusado entró a la corte vestido con un traje de presidiario azul, sonrió y conversó animado con Tien (su abogado), que le palmeó la espalda dos veces, según testigos.
Al exdiputado lo acusan de varios delitos. Entre ellos, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2016. También por cargos de uso y posesión de armas ligados al narcotráfico y por hacer declaraciones falsas a agentes federales.
Sin embargo, la defensa del hondureño alega que este desconoce los cuatro delitos que pesan en su contra.
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Tony Hernández: narcotraficante a gran escala, según EEUU
Al nacionalista lo capturaron un 23 de noviembre de 2018 en un aeropuerto de Miami, Estados Unidos. Tres días después el Departamento de Justicia emitió un boletín con información trascendental sobre el acusado.
El documento tildaba al exdiputado como un «narcotraficante a gran escala», además de asegurar que tenía su propia marca «TH», iniciales con la que marcaba paquetes de droga, según el Departamento de Estado.
«Hernández es un ex miembro del Congreso Nacional de Honduras, hermano del actual presidente de Honduras y un narcotraficante a gran escala que trabajó con otros narcotraficantes en Colombia, Honduras y México, para importar cocaína. Desde alrededor de 2004, hasta 2016, Hernández estuvo involucrado en el procesamiento, recepción, transporte y distribución de cargas de cocaína de toneladas múltiples que llegaron a Honduras a través de aviones, buques rápidos y, en al menos una ocasión, un submarino», así se leía en parte del documento emitido por las autoridades de Estados Unidos, quienes ya tenían tiempo de seguirle los pasos a Hernández.
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Otras negativas
En enero de este año, la defensa de «Tony» también solicitó defenderse en libertad mientras durara el proceso. Sin embargo, el juez rechazó esa petición, por lo que Hernández continúa en una cárcel de Nueva York.
Melvin Bonilla, apoderado legal, explicó que la corte determinó que por ahora «no es pertinente que «Tony»se defienda en libertad».
En esa oportunidad presentaron antecedentes de su buena conducta y alegaron que desde febrero del 2016 se presentó a todas las investigaciones requeridas, argumentó Bonilla.
Como se sabe, el 30 de septiembre de este año inicia el juicio en contra del ex parlamentario hondureño. Cuando se decidió la fecha, los abogados de «Tony» solicitaron se realizara dos meses después de esa fecha. El juez rechazó la petición.
