Redacción. Plinio Consuegra, juez encargado de conocer el expediente en contra de Romeo Vásquez, general en retiro de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), denunció este viernes que hay planes dentro del Poder Judicial para despedirlo.
El togado reaccionó tras conocer que está siendo investigado por la inspectoría de tribunales, por la supuesta falta de yerro jurídico en la audiencia inicial contra Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto.
A los tres ex jerarcas militares se les acusa de la muerte del joven Isy Obed Murillo, durante las protestas del golpe de Estado de 2009.
Yerro jurídico es un error o equivocación en la aplicación o interpretación del derecho por parte de una autoridad judicial o administrativa.
Al respecto, Consuegra dijo que la investigación da a entender que se pone en precario al sistema judicial del país. Según él, en ese escenario, todos los jueces que toman una decisión cometen el delito yerro jurídico.
“Quiere decir que todos los jueces que toman una decisión, según el artículo 141 del Código Procesal Penal, el cual establece que todas las decisiones deben tomarse razonablemente motivadas, significa entonces que cada juez en el país al que la Corte de Apelaciones corrige, enmienda u ordena que se revoque la decisión, todos estaríamos actuando por irregularidades”, explicó para HCH.
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Citación para despido
Consuegra reveló que debe presentarse el lunes siete de abril, para iniciar un proceso de separación del cargo. A su vez, denunció que Sandra Rodríguez, inspectora de tribunales, está cometiendo prevaricato al adelantar la acción que se tomará en su contra.
“La señora supervisora dijo que va a explicar a la población los resultados de las irregularidades encontradas en el expediente. Da a entender que se va a determinar si hubo conducta reprochable, pero al final está anunciando que va a haber una afectación. Eso se llama prevaricato”, externó.
El juez defendió su honor, asegurando que no ha cometido ninguna irregularidad. Mientras que Rodríguez aseguró que la investigación se comenzó tras denuncias de irregularidades en el desarrollo de la audiencia inicial, en la que se les dio prisión domiciliara a los militares. Sin embargo, la investigación no está relacionada directamente con el fallo.
Consuegra también denunció que hubo presión para terminar el proceso de manera rápida para que luego el expediente saliera de su despacho a manos desconocidas. La situación ha generado dudas y especulaciones sobre si el Poder Judicial se está utilizando con fines políticos.
