Redacción. Un juez federal del Distrito Norte de California detuvo una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que pretendía retirar fondos federales a ciudades santuario, aquellas que limitan su cooperación con las autoridades de inmigración.
La medida formaba parte de un paquete más amplio de acciones migratorias anunciadas el 20 de enero de 2025. Esta también generó preocupación inmediata entre decenas de gobiernos locales en todo Estados Unidos.
El juez William H. Orrick dictaminó que las ciudades demandantes, entre ellas San Francisco, Santa Clara, San Diego, Seattle, y Minneapolis, demostraron que enfrentarían un daño irreparable si la orden se implementaba.
“La amenaza de retener fondos federales causa incertidumbre presupuestaria, vulnera derechos constitucionales y socava la confianza entre los gobiernos locales y sus comunidades”, señaló en su resolución.
La demanda se presentó contra el Departamento de Justicia (DOJ) y la fiscal general Pam Bondi. Ambos fueron instruidos por la orden ejecutiva de Trump para evaluar medidas legales contra las jurisdicciones que no colaboraran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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Orrick también citó precedentes legales importantes, como el fallo del Noveno Circuito de 2018, que declaró inconstitucionales acciones similares durante la primera administración Trump.
Según el juez, las secciones impugnadas de la nueva orden violan la separación de poderes, la Cláusula de Gastos y la Décima Enmienda de la Constitución. Esto se debe a que imponen condiciones coercitivas que obligarían a los gobiernos locales a ejecutar políticas federales.
Respiro para los inmigrantes
El fallo representa un respiro para las ciudades que albergan amplias comunidades migrantes, muchas de las cuales dependen de servicios públicos financiados con fondos federales.
“Estas políticas no solo son ilegales, también ponen en riesgo la estabilidad y la seguridad de miles de familias trabajadoras”, expresó un portavoz de la ciudad de San Francisco.
Aunque la orden queda suspendida por ahora, el futuro legal del caso aún está en desarrollo.
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El juez dejó abierta la posibilidad de que se continúe investigando el alcance de las acciones del gobierno federal. Mientras tanto, las ciudades santuario se preparan para seguir defendiendo su autonomía y su compromiso con la protección de los derechos humanos.
