Redacción. En un reciente fallo judicial, un juez de Estados Unidos bloqueó la medida impulsada por la administración del presidente, Donald Trump, que buscaba invalidar los permisos de trabajo y otros documentos legales que conceden estatus migratorio a aproximadamente 5,000 venezolanos residentes en el país.
El juez Edward Chen determinó que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, excedió su autoridad al anular en febrero pasado los documentos, además de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a estos migrantes. La decisión se produce en medio de un contexto jurídico y político complejo en torno a la política migratoria estadounidense.
Hace apenas once días, la Corte Suprema de EE. UU. autorizó al gobierno de Trump a retirar el TPS a cerca de 350,000 venezolanos, un programa diseñado para brindar protección humanitaria a personas procedentes de países afectados por desastres naturales, conflictos armados u otros eventos extraordinarios. Sin embargo, el tribunal precisó que esta autorización no impedía a los migrantes impugnar de forma individual la anulación de sus permisos de trabajo emitidos bajo este régimen.
Estos permisos fueron otorgados después de que, en los últimos días del gobierno del presidente demócrata Joe Biden, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendiera el TPS para venezolanos hasta octubre de 2026. Posteriormente, la administración Trump, a través de Noem, intentó revertir esta extensión y revocar los documentos asociados.
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Defensa
Ante esta situación, abogados de los afectados y la organización National TPS Alliance acudieron al juez Chen para solicitar que se mantuviera la validez de dichos documentos. Argumentaron que su cancelación abrupta podría provocar la pérdida masiva de empleos entre los migrantes venezolanos y aumentar el riesgo de deportación.
En su fallo emitido el pasado viernes, Chen indicó que el gobierno estimaba que únicamente unos 5,000 de los beneficiarios del TPS poseían estos permisos legales. Ese mismo día, el Tribunal Supremo concedió además una suspensión solicitada por la administración Trump para levantar una orden previa que impedía poner fin a las protecciones humanitarias conocidas como «parole».
Estas decisiones judiciales y administrativas forman parte de un esfuerzo más amplio del expresidente republicano por implementar una política migratoria restrictiva. Trump busca así revertir lo que califica como una “crisis migratoria sin precedentes”. Esto generado durante la presidencia de Biden, quien permitió el ingreso de más de 13 millones de migrantes, en su mayoría indocumentados.
Según el gobierno de Trump, entre estos migrantes irregulares se encuentran individuos con antecedentes penales graves, incluidos asesinos, miembros de pandillas y terroristas. Esto, en su opinión, evidenciaría el fracaso de las políticas migratorias de la administración demócrata. Trump ha criticado con dureza a su predecesor, calificándolo como «el peor presidente en la historia» de Estados Unidos en materia migratoria.
En suma, el conflicto jurídico actual refleja las tensiones profundas y polarizadas que persisten en torno a la gestión de la migración venezolana. Así como la lucha entre diferentes visiones políticas sobre el manejo de las protecciones humanitarias en el país.
