TEGUCIGALPA. Los nuevos jueces y magistrados de Honduras del ámbito anticorrupción iniciarán funciones en enero del próximo año, cinco meses después de comenzado el proceso de nombramiento encabezado por la Comisión de Selección.
El plazo para la convocatoria a concurso para las plazas de jueces y magistrados de lo penal en materia de corrupción fue extendido para que los postulantes entreguen la documentación, teniendo como fecha límite el 10 de octubre.
Hasta el momento solo 31 aspirantes, en su mayoría mujeres, han expresado su interés en conformar los nuevos juzgados y salas de sentencia.
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“Se dio una prórroga para incentivar, motivar y promocionar el proceso. Lo interesante es que el 68% de los postulantes que hemos recibido son mujeres, eso quiere decir que las mujeres tienen valor, no tienen miedo al combate a la corrupción y científicamente ha sido comprobado que las mujeres son menos propensas a cometer actos de corrupción, son más intolerantes a la corrupción”, expresó Lester Ramírez, miembro de la Comisión.
Además en las próximas semanas arrancará un proceso de socialización con los profesionales del derecho, asociaciones de jueces y fiscales, Ministerio Público, defensa pública y litigantes privados para que conozcan más detalles.
El proceso de selección inició en agosto pasado con la aprobación del reglamento interno y un calendario del proceso. A mediados del mismo mes se lanzó la convocatoria a través de los medios de comunicación para la postulación.
Al finalizar el 10 de octubre el período de presentación de documentos, se procederá a la revisión de las carpetas y subsanación de los mismos si es el caso, para publicar, según cronograma aprobado por la Comisión de Selección, el 22 de octubre la lista de postulantes admitidos.
A inicios de noviembre comenzará el análisis curricular y de antecedentes de conducta laboral y personal, así como la aplicación de un examen escrito para la etapa de evaluación de conocimientos jurídicos en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El proceso, informó Ramírez, es apoyado por Transparencia Internacional, la Barra de Abogados de Estados Unidos, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) y agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
