Redacción. Jueces ejecutores —nombrados recientemente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para revisar la situación actual de los centros penales en Honduras— recomendaron al Estado cerrar tres cárceles por la condición de precariedad en las que se encuentran.
La comitiva desarrolló un informe sobre las cárceles del territorio nacional debido a la presentación de un habeas corpus por parte de los organismos de derechos humanos. El informe concluyó en que al menos tres de los veinticuatro centros penales ya no cumplen con las condiciones necesarias para albergar a los privados de libertad.
Jocelyn Donaire, magistrada de la Sala de lo Constitucional y jueza ejecutora, dijo a medios locales que las cárceles de Puerto Lempira (departamento de Gracias a Dios), Trujillo (departamento de Colón) y La Esperanza (departamento de Intibucá) no son aptas para albergar reos por problemas de infraestructura, hacinamiento, entre otros factores.
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Protección a los menores
Donaire expuso que la investigación de las 24 cárceles del país estuvo enfocada, la mayor parte, en las condiciones en la que los menores de edad realizan visitas a padres o familiares.
“Hicimos nuestro trabajo desde el punto de vista de los menores. Se revisaron los procesos de ingreso y las condiciones de las áreas en las que ellos están; muchos menores no tienen espacio, muchos tienen hasta contacto con otros privados de libertad», manifestó.
Debido al poco espacio de los centros penales, los privados de libertad se ven obligados a llevar a niños y niñas hasta las celdas para realizar su visita. Los jueces ejecutores hicieron un llamado a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) a tomar conciencia sobre el tema. A su vez, recomendaron al Estado desarrollar un protocolo específico para el ingreso de menores a los penales.
“Creemos que la medida ayudaría en gran medida las dificultades que hay. Recordemos que las visitas son un derecho tanto de los niños y niñas, como de los privados de libertad”, concluyó.
Se espera que el INP tome las recomendaciones de los ejecutores para mejorar la situación en los centros penales, como parte de la intervención del gobierno en los mismos.