Juan Berganza: “Solo porque represento al PAC pretenden dañar mi honor”

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Según investigaciones del Ministerio Público, la vivienda tiene un costo aproximado de 1,200,000 Lempiras.

Tegucigalpa. En las últimas horas el Ministerio Público (MP), en relación al juicio que se le sigue a la imputada Susette Atuán Rojas, acusada por el delito de Lavado de Activos a través de empresas de “maletín”.

Por tal sentido, durante el  juicio se mencionó al exesposo y defensor privado de  Rojas. Hablamos de Juan Carlos Berganza, apoderado legal del Partido Anticorrupción (PAC).

Berganza, manifestó este tarde que “yo no tengo por qué mentir, aquí están las pruebas. ¿Por qué tratan de dañarle el honor a uno? Solo porque soy el representante legal del PAC, pretenden dañar mi honor”.

Asimismo, comentó que le sorprendió la actitud de la Fiscal del MP, quien se tomó esa labor de atribución; al tiempo que la consideró como “irresponsable” y “temeraria”.

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“Me sorprende la actitud de la Fiscal, al decir en una audiencia de juicio oral siendo yo defensor que me va a investigar y me van acusar”, indicó Berganza.

El abogado defensor de Atuán Rojas, lo involucró  de manera directa en el caso, a través de las declaraciones vertidas días atrás por su representada.

representante legal del PAC
Juan Carlos Berganza, apoderado legal del Partido Anticorrupción (PAC).

En su declaración, la señalada de ser parte del despilfarro del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), expresó que años atrás habían comprado una vivienda.

Esta investigación está desde hace más de dos años, y a mí nunca se me ha citado.

“Yo estuve casado con la  señora Susette Rojas. Efectivamente compramos la casa, en la cual los dos éramos dueños; sacamos un préstamo para que se pagara un crédito”, explicó el togado.

Detalló que ella –Susette Rojas- pagó la prima de un plazo fijo que tenía y la otra parte la pagaron en conjunto; eso por medio de un préstamo que sacaron a través del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).

“Después que pasó el tiempo, comenzamos a tener problemas personales. Por lo cual, tomamos la decisión de separarnos y divorciarnos. Por ende, como estábamos en un proceso de divorcio y teníamos una casa que estaba a nombre de los dos, teníamos que darle una solución”, comentó Berganza.

Especificó que el 30 de abril de 2013 le donó la casa a la señalada. Continúa expresando que aún no la habían pagado. “Es completamente falso como dice la Fiscal que primero se pagó y tres meses después se vendió. Aquí tengo las pruebas”, fustigó Juan Carlos.

“Una vez que yo le dono la casa, ella el 7 de mayo paga la casa, cuando ella ya la paga yo no tengo ningún beneficio, porque la casa no es mía”, puntualizó.

De acuerdo a lo desprendido de la Fiscalía se determinó que:

“El MP siguiendo con las investigaciones pudo determinar la participación de la imputada Susette Atuán Rojas, empleada del IHSS, quien fue beneficiada por la empresa de portafolio Sumimed, constituida por su hermana la imputada Michel Alejandra Rojas Flores. Por medio de la cual Susette recibió el cheque número 01000268 de la cuenta de Sumimed número 1100259025 de Banco Atlántida por un valor de 1,346,000.00.

Continúa

Mismo que fue depositado en la cuenta 21-305-001783-1 de BanPaís a nombre de Susette Atuán Rojas, cantidad de dinero que ocho días después fue retirado de su cuenta personal para el pago de un préstamo por el RAP, a favor de Juan Carlos Berganza y Susette Atuán. Mismo que obtuvieron en marzo de 2013 para la compra de un bien inmueble ubicado en Altos de Miraflores Sur. Préstamo que fue cancelado en su totalidad el 6 de junio de 2013. Es decir, cuatro meses después de la adquisición del mismo con los fondos del IHSS”, cita el texto presentado por el MP.

El Ministerio Público determinó lo siguiente:

“El bien inmueble -prosigue la investigación del MP- tres meses después Juan Carlos Berganza cedió el 50 % de los derechos a la imputada Susette Atuán; quien a su vez en agosto de 2014 donó el 33 % del bien inmueble a cada una de sus hijas conservando igual porcentaje a su favor, según documentos de escrituras públicas registradas en el Instituto de la Propiedad. Acciones con las que se pone en evidencia en dolo con el que actuaba la imputada, a fin de ocultar el origen ilícito del dinero sustraído del IHSS”, continúa el documento.