Esposada, con lágrimas en sus ojos y custodiada por dos mujeres policías con rostro de satisfacción, Jeily Maritza Osorto García, posa ante la cámara de los agentes.
La joven de 23 años aún tiene la bata que le dieron en el hospital Santa Teresa en Comayagua en donde fue capturada.
¿Su delito? Haber abortado. Está penalizado en el artículo 126 del Código Penal vigente en Honduras desde 1983. Las penas van de tres a diez años de reclusión.
Asustada por la acusación y angustiada por lo que había vivido, esta campesina de la aldea Masica, un municipio de Esquías, en el departamento de Comayagua, se limitó a bajar la cabeza al someterse ante las autoridades y sollozar en silencio mientras era presentada a los medios de comunicación.
Osorto García no dio explicaciones sobre por qué decidió terminar con la vida del pequeño. Desde hacía 25 semanas lo cargaba en su vientre, pero los vecinos de su aldea aseguran que se vio acorralada por la situación.
“Fue el miedo al rechazo, el temor a enfrentar la responsabilidad de ser una madre soltera. Se vio sola y quizás por eso solo pensó en no tener la criatura”, le dijo a Univision Noticias uno de los vecinos.
Pero el camino que tomó para salir de esa situación, el aborto, es delito en Honduras. Ahora, decisión generó el rechazo de la sociedad hondureña, de su familia y amigos.
Alguien la delató
Fue una denuncia de un testigo protegido la que llevó a las autoridades hasta una vivienda en el barrio Cabañas, donde en un baño fue encontrado el feto.
Hacía dos días que la joven, sumida en la desesperación, se había introducido dos pastillas de Cytotec para terminar un embarazo que no deseaba.
Los fuertes dolores y el sangrado la hicieron salir de la aldea y refugiarse en la casa de su hermana. Fue allí donde, por el efecto de las pastillas, perdió a su bebé.
Transcurrieron 48 horas desde que ingirió las pastillas. La denuncia de lo ocurrido movilizó a un equipo de forenses, investigadores y fiscales hasta la vivienda.
“Se recibió una denuncia que había un feto en una vivienda del barrio Cabañas de Comayagua. Se conformó un equipo de la Dirección de la Policía de Investigación (DPI) que ubicó a un testigo protegido, quien dio detalles de cómo ocurrieron los hechos de este caso».
«El testigo manifestó que en la aldea Masica del municipio de Esquías, Comayagua, una mujer mandó a traer dos pastillas Cytotec, las que se introdujo en su vagina provocando el aborto», explicó Miguel Pérez Suazo, jefe departamental de la Policía en Comayagua.
«Al hacerle la evaluación en el hospital, los médicos encontraron en su vagina residuos de las pastillas. Se determinó que fue la causa que originó el aborto. Se le detuvo y remitió a la Fiscalía donde se le acusó del delito de aborto”, añadió el jefe policial.
Dos días pasó ingresada la joven en el hospital de Comayagua, donde era vigilada por la Policía. Una vez que fue dada de alta, la presentaron ante un juez.
Expuesta públicamente «como una criminal»
“Se le presentó requerimiento fiscal a la joven, el juez le otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva como la prohibición de salir del país, y firmar en los juzgados cada 15 días.»
«A ella se le sigue el proceso y el próximo 30 de mayo comparecerá de nuevo en los tribunales para asistir a la audiencia inicial en donde se determinará si se le dicta auto de prisión”, informó Carlos Ávila, vocero del Ministerio Público.
El aborto en Honduras ha sido un tema de discusión en las últimas semanas. Se debatió en el Congreso despenalizarlo por tres causas:
- El peligro evidente de la vida de la madre en el alumbramiento
- La imposibilidad de la supervivencia del producto
- El embarazo como resultado de una violación sexual
La discusión llevó a tomar en consideración los temas morales y religiosos. Pero al final la propuesta legislativa no pasó en la cámara donde solo ocho de los parlamentarios estuvieron a favor del aborto terapéutico en Honduras.
El resto votó en contra.
En en ese contexto surgió en los medios el caso de Jeily, algo que a juicio Nessa Medina, del Observatorio del Centro de Derechos de las Mujeres (CDM), «resalta la urgencia que sentían las autoridades por exponerla públicamente como una criminal».
«Estando en tratamiento médico, ella era una víctima. El día que fue detenida, fue el día en que se discutía el artículo que continúa penalizando el aborto en Honduras.»
«No quiero pensar que fue algo premeditado, pero sí influyo mucho ese caso. Fue la muestra evidente de cómo el Estado estuvo ausente en la vida de esta mujer, pero sí presente para criminalizarla” apuntó Medina.
Con un 26% de casos, Honduras tiene la tasa más alta de embarazos en adolescentes en América Latina. Eso, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Por otra parte, el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) ha registrado desde enero de 2016 más de 108 abortos.
Y, para la portavoz del CDM, casos como el de esta joven de 23 años incrementan la criminalización social del aborto.
Juicio de Jaily
«Se les da luz verde para que se les juzgue como criminales. Lo primero que hacen es juzgarla y la ignoran como víctima. Honduras pudo haber dejado de ser uno de los siete países que condena el aborto», afirma Medina.
«Honduras tuvo la oportunidad y la tiene para dejar de penalizar y no pasó a reconocer que hay circunstancias especiales en la que las mujeres no pueden ser criminalizadas».
Según un estudio del CDM titulado Secreto a Voces:
El 95% de los informes sobre abortos que son atendidos en las instituciones públicas no especifican si fueron:
- Espontáneos
- Médicos
- Intentos fallidos
El estudio refiere que una de cada seis mujeres que se realiza un aborto llega al hospital. Lo que para el CDM representa que entre 50,000 a 82,000 mujeres al año tienen un aborto.
Mientras, Jeily solo espera en su casa la audiencia inicial. La cual está programada para el próximo 30 de mayo en los Tribunales de Comayagua. En esa ocasión, un juez definirá si irá a prisión o continuara en libertad.
Crédito: Univisión
