Tegucigalpa, Honduras.- El diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, afirmó que existen mafias conformadas por abogados, jueces y personas del Instituto de la Propiedad (IP) que se han dedicado a quitarle terrenos a los hondureños.
Y es que anteriormente, el director ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya, presentó una denuncia contra bufetes, abogados y jueces, por defraudar al Estado con el saqueo de algunos bienes que han sido administrados por la institución.
Ante ello, Dixon expuso que la situación es «un secreto a voces». Durante años han operado, bloqueando las denuncias y requerimientos solicitados por los afectados, aseguró.
«Lo que ha denunciado el abogado Zelaya creo que era un secreto a voces. En todo Honduras hay toda una organización de jueces, abogados y del gente del IP que se han confabulado por años para quitarle tierras a personas que las han comprado de buena fe o quedarse con tierras de la OABI», sostuvo.
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El congresista detalló que no solo se trata de la usurpación de tierras en las zonas productivas, también en Tegucigalpa.
«Pueden ir al Ministerio Público (MP) y a la fiscalía de delitos comunes y pregunten cuántas denuncias tiene engavetadas por por delitos de usurpación, pero no de Colón y otros lados, sino parcelas de tierra que compran en Tegucigalpa. Cuando la persona va a ver su terreno ya está otra gente ahí y en el IP ya le han cambiado su matrícula», manifestó.
Inseguridad
Dixon, por otra parte, afirmó que las mafias denunciadas cuentan con muchos recursos y generan inseguridad jurídica en el país.
Además explicó que en muchos de los casos las personas se presentan al MP para denunciar, pero les piden que el IP haga inspección, la cual, no se realiza. «Hay muchos abogados luchando para lograr un requerimiento fiscal y no lo logran. Es lamentable porque se construye una inseguridad jurídica», lamentó.
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Agregó: «Se ha convertido en una mafia bastante fuerte, que maneja bastantes recursos económicos».
El diputado cerró pidiendo al fiscal general, Johel Zelaya, retomar el caso para que no continúe en la impunidad.
