Redacción. Un jardinero hondureño con estatus legal en Estados Unidos demandó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras ser arrestado sin justificación y detenido durante dos días en condiciones “inhumanas”, según denunció este miércoles la organización Lawyers for Civil Rights (LCR).
José Pineda, residente de East Boston, fue interceptado en mayo por agentes migratorios armados y sin identificación mientras se dirigía a su trabajo. Los oficiales rodearon su camioneta, lo esposaron y lo detuvieron, a pesar de que presentó documentos que acreditaban su estatus migratorio legal.
«Les dije que tenía estatus legal, pero se burlaron y dijeron que si no nací en Estados Unidos, no tengo derechos», declaró Pineda a través de LCR.
Arresto
Durante el arresto, los agentes confiscaron su documentación, 600 dólares en efectivo, y lo recluyeron en una celda sucia y sobrepoblada, sin acceso a comida ni a condiciones mínimas de higiene. Pineda compartió el espacio con hasta 60 personas, sin poder dormir ni sentarse.
«Me dieron agua apenas y la comida era incomible. No pude cambiarme de ropa ni cepillarme los dientes», relató.
LCR aseguró que los agentes lo detuvieron sin orden judicial ni causa probable, lo que constituye una grave violación de sus derechos civiles. Presentaron la querella bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA) como paso inicial hacia una demanda ante un tribunal federal.
«ICE me trató como a un criminal por cómo me veo y de dónde soy, aunque he seguido cada regla», denunció Pineda.
Victoria Miranda, abogada de LCR, calificó el caso como un acto de discriminación racial y afirmó que los agentes incluso confiscaron la tarjeta del Seguro Social y el permiso de trabajo de Pineda, lo que demuestra que conocían su estatus legal.
«Es brutal la indiferencia por los derechos civiles. Este abuso debe tener consecuencias legales», afirmó.
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Querella
La organización advirtió que en Massachusetts no son casos aislados los operativos ilegales. Exigió que los responsables asuman su responsabilidad legal y reparen los daños.
«Los agentes le confiscaron su tarjeta del Seguro Social y su autorización de trabajo, lo que indica que conocían su estatus legal en el momento del arresto. Esta brutal indiferencia por los derechos civiles ha dejado un trauma duradero, y los responsables deben rendir cuentas», agregó.
La querella, presentada bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), marca el primer paso hacia una demanda formal ante un tribunal federal de distrito.
