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miércoles, febrero 26, 2025

Jaime Suárez, entregado por El Salvador a Honduras y vinculado a caso Pandora

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Redacción. Ayer en horas de la tarde las autoridades hondureñas recibieron en la frontera de El Amatillo, en Valle, al ciudadano Jaime Antonio Suárez, a quien extraditaron desde El Salvador.

Al individuo se le acusa de los delitos de fraude, uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos y lavado de activos, en perjuicio de la administración pública y la economía del Estado de Honduras.

A Suárez, de 78 años, lo capturaron el 27 de marzo de 2023 en territorio salvadoreño tras una alerta de notificación roja de INTERPOL.

Desde entonces, permaneció bajo custodia en el país vecino mientras se resolvía su proceso de extradición. Finalmente, el pasado 10 de febrero de 2025, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador concedió su entrega a Honduras.

Poli
Jaime Antonio Suárez permaneció prófugo de la justicia desde 2018.

De igual interés: Conceden extradición de René Javier Santos, «El Pintor», por narcotráfico

Caso Pandora .

Posteriormente, a Suárez lo movilizaron a Tegucigalpa. Ahí fue puesto a disposición del Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.

Tras su comparecencia ante la justicia hondureña, al sujeto se le dictó detención judicial y se le envió al Centro Penal de Támara.

Por último, Jaime Suárez es parte de la investigación de corrupción en Honduras, que reveló el desvío de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Según las autoridades, estos fondos públicos se usaron para financiar campañas políticas durante las elecciones de 2013.

Jaime Antonio Suárez es el padre de Fernando Josué Suárez, quien también fue acusado en 2024 por su presunta participación en el mismo esquema de corrupción.

Honduras
El caso Pandora lo presentó la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

La extradición entre El Salvador y Honduras se basa en acuerdos bilaterales y normativas internas. Esto permite la entrega de personas entre ambos países para que enfrenten cargos criminales en el país solicitante.

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