Redacción. El general Ramiro Muñoz, presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), confirmó que Iván Velásquez, gerente de Koriun Inversiones, permanece en un módulo de máxima seguridad.
Esta medida responde al alto perfil de riesgo que representa el privado de libertad durante el proceso judicial que enfrenta.
«Nosotros estamos bien claros: cada vez que los juzgados nos envíen privados de libertad que representen un nivel de riesgo mayor en el sistema penitenciario, nosotros tenemos que tomar las medidas», afirmó Muñoz a noticieros TSi.
Del mismo modo, el uniformado subrayó que esta política se aplica a todos, pero especialmente a quienes, como Velásquez, presentan un riesgo elevado debido a su condición o al caso que enfrentan.
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El general aseguró que Velásquez está bajo vigilancia constante, con una cámara enviando imágenes directamente a su celular, monitoreándolo 24/7.
«Para ver que no vaya a haber un tan solo problema. No solo a él, sino a otros donde el nivel de riesgo que tienen es mayor», explicó. Muñoz enfatizó que buscan romper con la «historia repetitiva» de que las cárceles son lugares para «mandar a asesinar a alguien».
Medidas
Muñoz detalló que Velásquez no tendrá contacto con otros reclusos dentro del recinto carcelario. Un privado de libertad no podrá acercarse.
Además, aseguró que no tiene comunicación con otros internos y que el contacto con abogados es exclusivamente por locutorios. De igual forma, no tiene acceso a llamadas telefónicas ni a condiciones especiales. Esto busca asegurar su seguridad y evitar cualquier incidente.
«Todo esto es para salvaguardar la vida de ellos», recalcó el presidente de la Comisión Interventora del INP.
El general Muñoz rechazó enfáticamente la idea de enviar a Velásquez a cárceles comunes como Casa Blanca.
«¿Qué tal que yo ingrese a ese muchacho a Casa Blanca? Al lado de 1,800 privados de libertad, donde hay 18 o 19 organizaciones criminales… Sería responsabilidad mía si le llega a pasar algo», advirtió.
Finalizó defendiendo la labor conjunta que se realiza con la Policía Militar y las Fuerzas Armadas en el traslado y custodia de los privados de libertad, reafirmando que su obligación es la guarda y custodia de la vida de estos ciudadanos, algo que no es «negociable con nadie».
