Redacción. El secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra, informó este miércoles en conferencia de prensa que, como institución, están dispuestos y preparados para colaborar con los entes encargados de investigar y aplicar justicia en el país.
En su intervención, Bocanegra hizo referencia a las declaraciones vertidas por Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO). El funcionario mostró su preocupación por los acercamientos y contribución de las instituciones del Estado con el Ministerio Público (MP).
Es por ello que comentó que, «tenemos un mandato de parte de la presidenta Xiomara Castro para convertir el Instituto de la Propiedad en operativamente eficaz, eficiente y transparente. Es por eso que me veo en la obligación de comparecer ante los medios de comunicación para dirigirme al MP y Corte Suprema de Justicia (CSJ). Además de los diferentes entes investigativos del Estado».
Bocanegra resaltó además que desde que se le nombró en el cargo, ha mantenido una postura «clara y contundente». Su objetivo es colaborar con todas las instituciones que lo demanden.
«Hemos trazado una política integral a medida de fortalecer la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado de Honduras, órganos de investigación e impartidores de justicia», acotó el funcionario.
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Propuesta
Por otro lado, el secretario ejecutivo del IP hizo de conocimiento público que desde la institución han puesto a la disposición de las autoridades competentes, toda la información registral necesaria para apoyar las diferentes líneas de investigación que hay en el MP.
«Reconocemos que la colaboración que existe entre las instituciones y entes de investigación son clave, necesarias e importantes para garantizar los derechos de propiedad de los millones de usuarios con los que cuenta el IP«, refirió Bocanegra a periodistas en Tegucigalpa.
Tras un trabajo de especialistas, el secretario ejecutivo del IP informó sobre una importante propuesta. El proyecto incluye la creación de canales de comunicación directos con fiscales, juzgados y distintas unidad investigativas estatales.
«Asimismo proponemos la creación de distintos convenios con protocolos claros de colaboración e intercambio de información para llegar con los delitos que a lo largo de la historia se han perpetrado en este IP», afirmó.
Comunicación y coordinación entre entes
Otra parte de la propuesta está enmarcada en la realización de capacitaciones especializadas, sobre el sistema registral del IP, orientadas a fiscales, jueces y demás órganos investigativos estatales.
Del mismo modo, el IP instó a la instalación de un sistema de alerta temprana. La finalidad es detectar y reportar ante la entidad correspondiente cualquier transacción sospechosa, tanto de los usuarios como de los empleados del IP.
«¿Qué beneficio e impacto tiene la suscripción de este tipo de convenios? Esta colaboración va a permitir un acceso pronto y efectivo a la información registral, acelerando los procesos de investigación judiciales o aquellos que están en el MP», reiteró Bocanegra.
Según lo expresado por el funcionario, la intención es proteger la seguridad jurídica y derecho a la propiedad de millones de hondureños que confían en la institución estatal. También, acotó que son medidas que promueven la inversión en Honduras.
Invita a sumarse
En ese sentido, Bocanegra afirmó que, «el Instituto de la Propiedad invita a todas las entidades investigativas e impartidoras de justicia; a todos los operadores del engranaje judicial e investigación, a sumarse a esta iniciativa. Esto es para poder coordinar las uniones de trabajo, formalizar y establecer una línea clara, contundente y la formalización de convenios».
A su vez, resaltó que han recibido 2,500 requerimientos de parte del MP, solicitando documentación. De ellos el 60% es en torno a la investigación al Instituto de la Propiedad que viene desde el 2019. En ese momento estaba en manos de Ebal Díaz y se desviaron 12 mil millones de lempiras, según reportes. En los próximos días también estarán entregando varios requerimientos al ente acusador del Estado.
