REDACCIÓN.-Tifón III continua arrasando con todo a su paso. Ahora llegó a las oficinas de la ENEE en busca de supuesta corrupción en el proyecto Patuca III.
Específicamente la inspección y secuestro de documentos es dirigida técnica y jurídicamente por fiscales para la Transparencia.
Y ejecutados por agentes asignados al Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC.
Se investiga la supuesta comisión de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios por la construcción del proyecto habitacional del proyecto.
Sépalo: Tifón III
El secuestro de documentos se realiza en la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER).
Estas acciones son realizadas por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP).
Patuca III: Antecedentes
El Estado de Honduras tuvo un perjuicio económico que alcanza los 102 millones de lempiras por Irregularidades en los proyectos hidroeléctricos Patuca III, IIA y II.
Los Llanitos y Jicatuyo, el Complejo Energético Valle de Aguán, según revela un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
De acuerdo documento, entre el periodo comprendido de los años 2011 y 2015. Las autoridades de la ENEE cometió irregularidades en la construcción de un campamento. Instalación para los empleados así como el mantenimiento y compra de menaje.
Para asesorar y asistir a la ENEE en la gestión de dichos proyectos. Se creó La Ley Especial Reguladora de Proyecto Públicos de Energía Renovable. Y la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER).
Mediante Decreto Legislativo el 5 de febrero de 2011, de acuerdo a la investigación del CNA que ya fue entregada al Ministerio Público.
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Ordenan cambios
El 31 de mayo de ese mismo año 2011, la ENEE a través de representantes del UEPER. Hicieron la invitación a presentar las ofertas de diversas empresas para encargarse de ejecutar dichos proyectos.
El 12 de agosto, la ENEE firmó un contrato por medio de la UEPER en el cual se fija un precio de al menos L. 98 millones. Para la edificación del campamento, la adquisición del menaje.
Pero dos meses antes, mediante una “orden de cambio”, se acordó reducir el área y el valor, lo que representaría 82 millones de lempiras, de acuerdo a las averiguaciones del CNA.
El órgano de sociedad civil señala que con la reducción del área de construcción y la firma del millonario contrato, quedaba una diferencia de al menos 16 millones de lempiras, y añade que todo esto se hizo sin seguir lo dispuesto en la Ley de Contratación del Estado se amplió.
