Redacción. El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado este miércoles ordenando la apertura de diligencias investigativas por presuntas irregularidades en otorgamiento de permisos eléctricos en los municipios de Reitoca y Lepaterique, ambos en el departamento de Francisco Morazán.
El fiscal general del MP, Johel Antonio Zelaya, ordenó esta investigación tras la denuncia interpuesta por el Consejo Indígena Lenca de Reitoca (CILR) en relación con la concesión de permisos para la construcción de una represa hidroeléctrica en la aldea La Guadalupe.
De acuerdo con la denuncia presentada en 2017 ante la Fiscalía de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS), el CILR señala que en 2011, funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) habrían otorgado de manera irregular la licencia ambiental a la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (PROGELSA) para la realización del proyecto hidroeléctrico.
La denuncia señala que no se consultó a la población de Reitoca, violando sus derechos y el debido proceso legal.
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Acciones inmediatas
En respuesta a la denuncia, el fiscal general ha ordenado que se tomen las primeras acciones investigativas, que incluyen la declaración de varios implicados. Entre ellos se encuentran el exalcalde de Reitoca, Manuel Meza, quien será citado en su residencia actual.
También, al actual alcalde de la localidad, Marlon Neptali Osorto Chévez, y varios ciudadanos que se supone están vinculados al caso.
Además, se procederá con la citación de representantes de PROGELSA, así como de exfuncionarios de la SERNA.
Compromiso y preocupación
Las diligencias investigativas que estarán a cargo son: la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), la Fiscalía de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS/PC), y la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF).
Estas instituciones trabajarán de manera coordinada para esclarecer las irregularidades señaladas en el otorgamiento de la licencia y el impacto que este proyecto pueda haber tenido en las comunidades Lenca de la zona.
Por su parte, la CIRL ha expresado su preocupación por lo que consideran una violación a sus derechos.
Según ellos, el proyecto hidroeléctrico fue aprobado sin el debido proceso de consulta con las comunidades afectadas, lo que agrava las tensiones sobre el impacto ambiental y social que podría generar la represa.
Este caso se suma a una serie de denuncias relacionadas con el respeto a los derechos indígenas y el desarrollo de proyectos en territorios ancestrales.
