Redacción. Tras recibir varias denuncias, el Ministerio Público (MP) ha iniciado con una investigación sobre presuntas irregularidades en la construcción del Canal Seco, en el tramo carretero que va desde Comayagua, zona central, hasta Goascorán, Valle, en la zona sur de Honduras.
De acuerdo con el portavoz del MP, la investigación estará a cargo de la Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), quienes analizaran unas supuestas violaciones en la construcción de una de las carreteras más importantes del país.
Mora reveló que el costo de la construcción de esta carretera asciende a 222 millones de dólares, una cifra considerada extremadamente alta por algunos sectores del país. Por ello, el Ministerio Público ha comenzado un proceso investigativo para verificar cuánto costó realmente este proyecto carretero.
«La posible sobreestimación se ha determinado cuando se ejecuta el proyecto y se les paga los oficiales para otorgar el trabajo. Además, se está realizando la evaluación sobre si la carretera cumple con los criterios establecidos en el contrato original», reveló Yuri Mora.
Creación del tramo carretero
Asimismo, el MP mencionó que el contrato de diseño y construcción para esta sección se firmó en 2012 durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Sin embargo, el trabajo comenzó hasta 2022, bajo administración de Juan Orlando Hernández.
El retraso en la entrega y los altos costos de ejecución del proyecto han planteado dudas sobre la posible corrupción. Como parte del proceso de investigación, los profesionales del departamento público están realizando inspecciones técnicas en diferentes partes del Canal Seco.
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«Se está verificando la calidad de la construcción y el rendimiento de la licencia otorgada y el trabajo se realiza de acuerdo con las especificaciones especificadas en el contrato y el valor de mercado real», dijo Mora.
Proceso investigativo en el Canal Seco
El MP ha presentado una serie de investigaciones, pero hasta ahora no se han revelado los nombres de las empresas o personas que pueden estar involucradas. «Esto es parte del proceso de investigación porque ahora no puede confirmar quién será responsable», dijo el portavoz.
La investigación del departamento público tiene como objetivo aclarar la gestión de recursos públicos del gran proyecto y determinar si existe una corrupción en su implementación. Si se confirma la violación, se puede presentar una demanda legal contra la persona o empresa a cargo.
El estudio aún está en marcha y se espera que obtenga información detallada sobre los resultados de las inspecciones técnicas y los posibles involucrados en el caso en los próximos días.
