REDACCIÓN. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ha iniciado una investigación de oficio sobre la denuncia en contra del exdiputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Rony Martínez, por recibir cuantiosos fondos del erario nacional entre 2022 y 2024, por concepto de publicidad y otros servicios, mientras simultáneamente se desempeñaba como empleado de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE).
El precandidato a diputado por el Partido Liberal, Rashid Mejía, fue el primero en denunciar los cobros que hacía Martínez. Lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de TikTok (@RashidMejiaG).
Según Mejía, el periodista y dirigente del partido Libre, Rony Martínez, ha recibido 14 pagos por un monto total de 9 millones de lempiras, por concepto de salarios y contratos publicitarios por parte de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) entre 2023 y 2024.
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De acuerdo con la denuncia pública de Mejía, el exdiputado labora para la Secretaría de Planificación Estratégica como “asesor estratégico ministerial”. Así mismo, se registró como proveedor del Estado en representación de la empresa Global Telecom. Se estima que los fondos estatales que habría recibido Martínez podrían ascender a 15 millones de lempiras.
Según la Ley de Contratación del Estado, ningún funcionario público en el ejercicio de sus funciones puede tener contratos personales con ninguna institución estatal.
Investigación
Rodolfo Ernesto Isaula, vocero de esta institución estatal, confirmó en exclusiva a Diario Tiempo que, tras las publicaciones emitidas por este medio de comunicación, la información pasó a manos de la gerencia de veeduría social «con la finalidad de iniciar de oficio el análisis correspondiente».
No obstante, anunció que, por la «carga laboral que tiene, esa gerencia replanteará su planificación actual para incluir esta denuncia e iniciar lo antes posible la verificación de los hechos «, comentó.
Del mismo modo, el portavoz de esta institución aclaró que, previo a la denuncia de Diario Tiempo, no se tenían denuncias formales en contra de Martínez. Por lo tanto, actuarán de oficio.
«Una vez queda ingresada la denuncia, se procede a su análisis legal previo», destacó Isaula.
Tras la comprobación de la competencia del TSC, esta institución asignará a un auditor para que inicie la investigación. El encargado podría desarrollar todas las diligencias para esclarecer la denuncia. El TSC emitirá el informe correspondiente al finalizar las indagaciones y desarrollarán el proceso administrativo que corresponda.
«Y si procede o no a la notificación de responsabilidades, ya sean de tipo civil, penal o administrativo», comentó el vocero de esta institución.
Informe
Diario Tiempo contactó a Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, quien aseguró que el TSC debe investigar estos hechos como primera instancia investigativa.
«El Tribunal Superior de Cuentas es el que hace las auditorías a las instituciones públicas para ver si están haciendo buen uso de los fondos», detalló. Además, el vocero de esta institución comentó que el TSC será el encargado de remitir el informe completo de su indagación al Ministerio Público.
«Si se determina que hay alguna irregularidad, la envía al Ministerio Público (MP), pero la primera instancia es el Tribunal Superior de Cuentas», afirmó el vocero del ente acusador del Estado.
¿Qué delitos podría enfrentar?
De acuerdo con el abogado Luis Romero, Rony Martínez podría haber cometido el delito de abuso de autoridad. Por su parte, el abogado penalista Fernando Gonzales concordó en que los funcionarios como Martínez, que labora para la SPE mientras su empresa Global Telecom brinda servicios de publicidad al Estado, incurren en el delito de abuso de autoridad.
«Incurren en delito de abusos de autoridad, entendiendo, a ver, si hay un incumplimiento de los deberes de los funcionarios», aseguró.
Además, el abogado hondureño explicó que, a pesar de que las penas para estos delitos son menores, incluyen la inhabilitación de estas personas de oficio público.
El profesional del derecho resaltó que instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) deben actuar de oficio al tener conocimiento de estas prácticas.
«Si llega a oídos que está sucediendo esto en esta secretaría de Estado, ya sea cualquier institución descentralizada, autónoma, semiautónoma, concentrada, desconcentrada de administración pública, tendría que actuar de oficio», aseguró.
Los comentarios en las redes sociales exigen unánimemente una investigación en contra de Rony Martínez. Del mismo modo, comparan el caso con actos de corrupción de antiguas administraciones como la del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH).
Caso del PANI
Además de lo anterior, el TSC también tendrá que investigar el contrato que Rony Martínez firmó con el PANI el 23 de noviembre de 2022. En esa fecha, Martínez no poseía la certificación como proveedor del Estado exigida por la ley.
La Ley de Contratación del Estado establece la obligatoriedad de estar inscrito en el Registro de Proveedores y Contratistas (RPC) de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) para realizar negocios con el Estado.
La certificación de Martínez ante la ONCAE fue emitida el 9 de diciembre de 2022, 25 días después de la firma del contrato con el PANI. Esta discrepancia plantea serias dudas sobre la legalidad del acuerdo.
La denuncia contra Rony Martínez y la investigación del TSC reflejan la creciente demanda ciudadana por fiscalizar el uso de los fondos públicos. La población exige respuestas claras y sanciones ejemplares para aquellos que abusen de su poder en beneficio propio.
