Redacción. Decenas de ciudadanos se tomaron este martes la carretera principal en Santa Bárbara para exigir al gobierno de Xiomara Castro una solución urgente ante la pérdida de sus ahorros en la financiera Koriun Inversiones.
Los manifestantes, en su mayoría personas de escasos recursos, aseguraron sentirse abandonados tras depositar su confianza y su dinero en una entidad que, según denuncian, dejó de responder hace más de 25 días.
«Somos 35,000 familias en el aire. Dependíamos de Koriun Inversiones y ahora estamos en la calle», expresó uno de los manifestantes a un medio local.
Asimismo, señaló que el gobierno «metió las manos» en la empresa y provocó su cierre. Por eso, exigen que las autoridades asuman su responsabilidad y les devuelvan su dinero.
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Los manifestantes no ocultan su frustración con la clase política. «Hay un montón de ideas encontradas en el Congreso, pero eso a nosotros no nos manda ni nos viene. Nosotros somos el pueblo. Los impuestos los pagamos nosotros», expresó molesto otro de los presentes.
Problemática en Santa Bárbara
A pesar de su enojo, los inversionistas expresaron también una mezcla de esperanza y agradecimiento hacia la presidenta, quien se comprometió a pagar el dinero invertido por los socios de Koriun con fondos públicos.
«Agradecemos a la presidenta por su voluntad de devolvernos todo el dinero que invertimos con tanto esfuerzo en Koriun», dijo un manifestante, refiriéndose al compromiso público de la mandataria, quien semanas atrás prometió buscar una solución financiera para los afectados.
Los manifestantes de igual modo enviaron un mensaje al sector político hondureño, instando a los diputados «nacionalistas, liberales, libres… que den una solución a este problema, señores. ¡Esto no es un juego!».
Entre los afectados hay maestros, doctores, policías, agricultores, jueces e incluso políticos «de alto quilataje», según señaló un inversionista.
Mientras las familias afectadas continúan sin respuestas y temen perder su patrimonio, la presión sobre el Congreso Nacional y el Ejecutivo no cesa. La demanda es tajante: exigen que se destine una partida del Estado para resarcir el daño ocasionado. Para ellos, esto no es solo un asunto financiero, sino un clamor por justicia.
