Redacción. Decenas de ciudadanos afectados por la empresa Koriun Inversiones, señalada como fraudulenta e intervenida por las autoridades, se retiraron este jueves de Casa Presidencial, en Tegucigalpa, sin obtener una respuesta clara sobre la devolución de su dinero.
Inversionistas de distintos puntos del país iniciaron la protesta el miércoles. Ellos protagonizaron una movilización pacífica, pero firme, en la que exigieron justicia y claridad ante lo que consideran un abandono por parte de las autoridades gubernamentales.
Los afectados, provenientes de departamentos como Choluteca, Olancho, Copán y Cortés, nombraron una comisión negociadora para entablar diálogo con representantes del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, tras largas horas sin lograr acuerdos concretos ni compromisos claros por parte del gobierno, los inversionistas decidieron suspender temporalmente su plantón y regresar a sus lugares de origen.
A bordo de los buses que los trasladaban de regreso, los ciudadanos hicieron oír su descontento con consignas como: «Vamos a volver por nuestro dinero» y «Promesa que volvemos», reafirmando su determinación de regresar a la capital con nuevas jornadas de protesta si no reciben una respuesta oportuna.
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Protestas
Desde la jornada del miércoles, los alrededores de Casa Presidencial estuvieron marcados por una fuerte presencia de manifestantes portando pancartas y lanzando consignas. Esto causó que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) bloqueara los accesos al recinto en un intento de controlar las concentraciones.
El caso Koriun Inversiones ha cobrado notoriedad en las últimas semanas tras la intervención y el aseguramiento de sus activos por parte de las autoridades, luego de denuncias que señalan a la empresa como responsable de una presunta estafa piramidal. Se estima que más de 40 mil personas habrían sido afectadas a nivel nacional.
En este contexto, el gobierno aseguró en declaraciones previas devolvería los fondos a los afectados. Pero no ha emitido detalles sobre el proceso ni plazos específicos, lo que ha incrementado la incertidumbre y la indignación entre los afectados.
Los afectados advirtieron que mantendrán la presión hasta obtener una solución concreta. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público.
