Redacción. Debido a las irregularidades ocurridas el domingo durante los comicios electorales, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) intervinieron las oficinas de la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE) del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La intervención tiene como objetivo investigar posibles anomalías en la adquisición de bienes y servicios relacionados con las elecciones primarias.
Este operativo también responde a denuncias sobre presuntos actos de corrupción en los procesos de contratación, modificación de contratos y posible incumplimiento en la entrega de material electoral, lo que habría generado retrasos y problemas en el desarrollo del proceso.
De acuerdo con una fuente de entero crédito, los agentes de las ATIC solicitaron al CNE documentación clave para esclarecer preguntas fundamentales en la investigación:
- ¿Quién contrató a la empresa proveedora?
- ¿Quiénes firmaron los contratos y por qué?
- ¿Quién modificó los términos y quién incumplió las cláusulas?
La fuente, de igual manera, detalló que los fiscales del Ministerio Público (MP) permanecen dentro del edificio del CNE, revisando expedientes y recopilando información. Pero el acceso a la prensa ha sido restringido.
«Se nos comunicó que no podemos ingresar. Nos dijeron que esperemos afuera si queremos obtener información cuando los agentes salgan», explicó la fuente a Diario Tiempo.
Intervención de la ATIC
Desde que se conocieron las irregularidades en la distribución y llegada tardía de las maletas electorales a los centros de votación, la ATIC inició una investigación en la que ya ha intervenido las bodegas del CNE ubicadas en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
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El domingo, los agentes continuaron investigando todos los insumos del CNE, revisando la documentación y las actas para verificar las condiciones en las que se encuentran y cómo se estableció el proceso de distribución de las papeletas.
Delito electoral
El MP aún no ha detallado si se presentarán cargos, pero, advirtió, seguirá con la supervisión en otros centros de votación para prevenir cualquier irregularidad que afecte la legitimidad de las elecciones.
De acuerdo con el artículo 544 del Código Penal, los delitos electorales, como la retención de material electoral y la obstrucción del proceso de votación, conllevan sanciones de 4 a 6 años de prisión. También el incumplimiento de los contratos para la logística electoral podría derivar en responsabilidades penales para los funcionarios involucrados.
El MP determinará si existen pruebas suficientes para presentar acusaciones contra los responsables de las irregularidades denunciadas. La investigación busca establecer si hubo negligencia o actos intencionales que afectaron el desarrollo del proceso electoral.
