TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los miembros de la junta interventora de los centros penales en Honduras presentaron el plan de acción que se aplicará en la prisión de «El Pozo«, ubicada en Santa Bárbara.
De igual manera, las autoridades manifestaron que podrían surgir nuevos brotes de violencia en este centro penal.
Por lo anterior, la junta interventora ha hecho un mapeo de la población carcelaria y la distribución de tareas y responsabilidades en los anillos de seguridad.
«Hay que recordar al Gobierno de la República que el Conaprev (Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes) presentó una propuesta de política pública para que se aborden este tipo de problemáticas de manera integral y no solo emergente», manifestó el analista Joaquín Mejía.
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Además, el experto detalló que las medidas de urgencia lo único que van a lograr es calmar la situación en este momento. Sin embargo, sin resolver la crisis de fondo que hay dentro del sistema penitenciario.
Identificación
La Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) indicó que el enrolamiento de los privados de libertad forma parte del plan de trabajo para evitar la suplantación de identidad en los centros penales.
La presidenta de la comisión, la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, identificó esta práctica en algunas cárceles del territorio nacional.
En este sentido, las autoridades manifestaron que las estructuras criminales identificadas como «Mara Salvatrucha» y «Pandilla 18» han hecho uso de esas prácticas en las últimas décadas.
Clonación
Esta acción permite al clon ingresar al sistema carcelario y conseguir que la persona procesada o condenada pueda mantenerse en libertad. Así mismo, en varios casos, continuar delinquiendo en las calles.
La Comisión Interventora señaló que uno de los impedimentos para detener esta acción era la renuencia de los privados de libertad a someterse al enrolamiento. El Registro Nacional de las Personas es el encargado de llevar a cabo este proceso.
La estatal ha intentado instalar equipo de identificación en algunas cárceles con la finalidad de tomar datos biométricos de los reclusos.
Sin embargo, esta iniciativa no ha tenido el éxito deseado debido a la renuencia de los privados de libertad. Los presidirarios consideran que los estándares de seguridad del Documento Nacional de Identificación (DNI) son mayores.
En este sentido, el RNP reveló que de 19 mil privados de libertad en el territorio nacional, tan solo 2,255 recibieron su DNI en 2022.
