HONDURAS. La Secretaría de Seguridad anunció que están realizando gestiones para traer al exfuncionario Ebal Díaz de vuelta a Honduras mediante la cooperación de Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Edgardo Barahona, vocero de la Secretaría de Seguridad, explicó que el proceso comienza con una solicitud formal por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la sede de INTERPOL en Francia.
Una vez que los requisitos son analizados y aprobados, la solicitud se sube al sistema de INTERPOL, notificando a todos los países miembros de la red. Nicaragua, formando parte de la red de INTERPOL, recibirá la notificación y podrá iniciar los mecanismos necesarios para localizar y capturar a Díaz.
El vocero detalló que, en caso de que Díaz sea localizado y arrestado en Nicaragua, se notificará a las autoridades hondureñas para iniciar los procedimientos de extradición. «Ya están establecidos los mecanismos para solicitar la captura de personas que se encuentran fuera del país, especialmente en aquellos que integran INTERPOL», afirmó Barahona a HCH.
Nacionalidad mexicana
Ebal Díaz adquirió la nacionalidad nicaragüense cuando fungía como ministro de la Secretaría de Presidencia, durante la administración de Juan Orlando Hernández. Díaz ha aprovechado esta nacionalidad para refugiarse, mientras es señalado de delicados delitos de corrupción.
No obstante, Ebal ya contaba con la nacionalidad mexicana que heredó de su madre. Esta nacionalidad, explicó Barahona, podría afectar la captura de Díaz, aunque informó que las autoridades seguirán trabajando hasta traer al exfuncionario a Honduras.
«Tengo entendido que esta persona además tiene una nacionalidad mexicana que complicaría de alguna manera dilatar el proceso. Sin embargo, sabemos que hay un firme compromiso de parte de las autoridades de nuestro país para localizar y capturar a esta persona», expresó.
Requerimiento contra Díaz y otros
El martes 30 de julio, el fiscal general de la República, Johel Zelaya, presentó un requerimiento fiscal contra Ebal Díaz y otras 14 personas, acusados de fraude al Estado por más de 294 millones de lempiras.
La investigación se centra en la ejecución del proyecto habitacional «Residencial Morazán» o «casas contenedores», destinado originalmente al beneficio social.
Entre los demás acusados se encuentran:
- Ebal Díaz Lupian, exsecretario de Estado en el Despacho de la Presidencia y miembro del consejo de administración del Instituto de la Propiedad (IP).
- Zonia Margarita Morales, excomisionada presidenta de Coalianza.
- Lizeth Guadalupe Villatoro, delegada de un banco
- Mario León Gómez y Rolando Federico Poujol, funcionarios de la Secretaría de Presidencia.
- Juan Ramón Cruz Carbajal, Edmundo del Carmen Cuadra, José Fernando Cálix Bonilla, Myrna Isabel Mejía Flores. Dino Francisco Rieti, Francis Yamileth Rodríguez, Lis María Moncada Pineda, Luis Roberto Aparicio Godoy, Oscar Rolando Mendoza Cáceres y Tania Michele Montoya Zepeda, todos relacionados con la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos.
Entre los delitos por los que se les acusan destacan:
- Asociación para delinquir
- Fraude
- Violación a los deberes de los funcionarios
- Administración fraudulenta
El documento presentado acusa a Ebal Díaz de dirigir una estructura criminal para orquestar un megafraude en el desarrollo del proyecto habitacional.
