PANAMÁ. La justicia de ese país pidió a la Organización Policial Internacional (Interpol) que emita una alerta roja para la detención del expresidente de Ricardo Martinelli por su supuesta participación en una trama de escuchas ilegales.
El juez Jerónimo Mejía envió la solicitud a Interpol a petición de la fiscalía, que basó su pedido en una orden que emitió en diciembre la Corte Suprema para que se detenga preventivamente al exmandatario, que fue presidente entre 2009 y 2014.
La Policía Nacional panameña recibió la solicitud, según confirmó su director, Omar Pinzón, quien aseguró que “inmediatamente fue procesada a la oficina de Interpol».
Las notificaciones de Interpol son alertas internacionales que permiten a la policía compartir información relacionada con un delito y en el caso de la alerta roja, su objeto es lograr la detención de personas buscadas para su extradición.
La Corte Suprema ordenó en diciembre pasado la detención provisional de Martinelli, quien se encuentra en Miami, para que comparezca por haber ordenado presuntamente la intervención de teléfonos y correos electrónicos de unas 150 personas entre empresarios, activistas sociales y periodistas.
El caso está aún en trámite en la cancillería panameña, que está revisando si se cumplen los requisitos para solicitar a Estados Unidos la extradición.
La defensa de Martinelli ya ha reaccionado y pedirá al secretario general de la Interpol, Jürgen Stock, que «se abstenga de emitir cualquier alerta roja», dijo a la AFP Sidney Sittón, miembro del equipo de abogados del exgobernante.
Exilio voluntario
Martinelli, un multimillonario empresario de supermercados que accedió al poder con 60% de los votos y un discurso contra la corrupción, vive en un exilio voluntario en Miami, según ha afirmado por diferentes medios.
Además del expresidente, otros cuatro exfuncionarios -entre ellos dos exdirectores del Consejo de Seguridad- han sido llamados a juicio por las escuchas ilegales.
El exmandatario, de 64 años, también es investigado por la supuesta sobrefacturación en un contrato de 45 millones de dólares para la compra de comida deshidratada destinada a escuelas públicas.
También es mencionado en otra decena de casos que investiga la justicia en relación con delitos financieros, compras con sobreprecios y cobro de comisiones por el pago de impuestos.
Fuente: Univisión Noticias
