Entre nosotros, los hondureños, cuando se habla de insurrección surgen confusas interpretaciones, casi todas ellas de reprobación, por asumirla como un propósito maléfico de desmantelar el sistema, la sacralidad del orden establecido.
Esa manera de pensar obedece a la lógica del conservadurismo, que no admite cambios para mejorar el sistema político, y, mucho menos, buscar la igualdad y el bienestar social. La élite del poder utiliza los diversos medios de que dispone –principalmente la comunicación social—para satanizar el derecho a la rebelión que ponga paro a los abusos, las arbitrariedades, la deshonestidad de los gobernantes.
La Constitución de la República de Honduras, en sus artículos 2 y 3 establece el derecho a la rebelión o insurrección, sobre la base de que “La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación”,
El artículo 3CR establece: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.
En nuestro país, de considerable tiempo a esta parte, se ha acelerado un proceso de des-institucionalización que ha terminado, en la actualidad, por colapsar la seguridad jurídica y la legitimidad política. La sociedad y el pueblo se encuentran, en la realidad de los hechos, en plena indefensión, y, lo que es peor, con el sentimiento de que viven en la nada, sin pertenencia a un Estado o a un país, en un régimen totalitario que se asienta en la militarización bajo la doctrina de la seguridad nacional.
De hecho, hablar de insurrección en una situación así suena a paliativo porque, en el fondo, lo justo y necesario es la reestructuración del estado de cosas, que ni siquiera llega a conformarse en sistema. El planteamiento de reestructuración del Estado, entonces, viene a ser necesidad revolucionaria, lo cual tampoco es anatema, puesto que se funda en la discrepancia profunda entre la usurpación del derecho constitucional y las exigencias y convicciones jurídicas de la mayoría del pueblo.
Como lo indicara Ortega y Gasset: la revolución es la insurgencia de la población contra los usos, mientras que la rebelión es su alzamiento contra los abusos. El movimiento nacional de Indignación, del que participa más del 80% de la colectividad hondureña –mujeres, hombres, adultos, adolescentes y niños—es, efectivamente, una rebelión que busca suprimir los abusos del poder imperante, pero que se desliza hacia un proceso revolucionario frente a la falta de respuesta consecuente del sistema político.
Esta cuestión fundamental, quiérase o no, está planteada. Y, por supuesto, nada puede detener el curso de la historia cuando el conservadurismo deviene en pleno y ramplón fascismo
