Redacción. En contra de la libre competencia, un artículo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2025 obliga a las dependencias del Estado a contratar exclusivamente los servicios de cinco empresas estatales.
Se trata del artículo 153, página 94 del apartado de “Servicios Públicos”, que establece la contratación obligatoria de: Correos de Honduras (HONDUCOR), Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) y la Industria Militar de las Fuerzas Armadas (IMFFAA).
Cambio en la normativa
En el Presupuesto 2024, el artículo 147 permitía que las instituciones públicas solicitaran cotizaciones a estas empresas y solo las contrataran si sus precios eran iguales o inferiores a los del mercado. Sin embargo, el nuevo artículo 153 endurece la medida, obligando a todas las entidades del Gobierno Central, así como los poderes Legislativo y Judicial, a utilizar exclusivamente los servicios de estas empresas en las zonas donde tengan cobertura.
La normativa permite contratar proveedores privados solo en los casos en que las empresas estatales no puedan ofrecer el servicio requerido, bajo lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado.
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Impacto en la competitividad
Si bien la disposición no excluye totalmente a la empresa privada, reduce significativamente su participación y podría afectar la eficiencia y calidad de los servicios gubernamentales, según expertos consultados.
“Son decisiones tomadas desde el Poder Ejecutivo. A largo plazo, podrían afectar la calidad del servicio. Cuando se contrata un servicio, no solo importa el precio, sino también la calidad”, advirtió Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
Según el experto, eliminar la competencia podría hacer que las empresas estatales se acomoden y ofrezcan servicios básicos sin incentivos para mejorar. “La competencia en la economía es saludable y necesaria. Las instituciones del Estado deben fortalecer sus capacidades para estar al nivel del sector privado y mejorar la calidad del servicio público”, añadió.
Solórzano considera que esta decisión también afecta la innovación dentro de las empresas estatales, ya que, al no enfrentar presión del mercado, podrían perder la urgencia de modernizarse y optimizar sus procesos. “Sin competencia, la calidad y eficiencia pueden verse comprometidas. Las empresas estatales deberían enfocarse en mejorar su oferta y no depender de medidas restrictivas para sostenerse”, agregó.
Críticas y advertencias
Manuel Andino, presidente del Colegio de Profesionales en Administración Pública (CPAP), coincidió en que la medida podría generar retrocesos. “El gobierno no siempre tiene los recursos para operar con eficiencia, a diferencia del sector privado, que cuenta con acceso a financiamiento bancario. Esto podría impactar negativamente en la calidad del servicio”, advirtió.
Asimismo, cuestionó las intenciones detrás de la norma: “esta obligatoriedad podría extenderse a otras instituciones estatales en el futuro, afectando el empleo y la libre competencia. El gobierno debe generar políticas para fortalecer las empresas públicas sin perjudicar a la empresa privada”.
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Andino también señaló que esta normativa podría traducirse en un retroceso para el desarrollo económico del país. “Restringir la competencia limita la inversión, la innovación y el crecimiento del sector privado, que es un motor fundamental de la economía nacional”, puntualizó.
Desmotiva y crea monopolios
Por su parte, Merary Díaz, diputada del Partido Nacional, criticó que estos decretos, al aprobarse sin consenso, desmotivan al sector privado y fomentan políticas monopolistas.
«Estamos ante un intento del Estado por monopolizar servicios que la empresa privada podría ofrecer con mejor calidad. El Gobierno no debería asumir que todo debe estar en manos del Estado. Por eso, el país enfrenta un deterioro en generación de empleo e inversión», aseguró.
Según la congresista, la aprobación de estas medidas en un año electoral genera suspicacia, pues podrían facilitar el uso de recursos públicos con fines proselitistas.
«Es sospechoso y podría estar vinculado al proselitismo en favor de la candidata de Libre. Por ejemplo, instituciones como Banasupro, mediante ayudas políticas, y la ENAG, encargada de imprimir material propagandístico, podrían estar involucradas. En su estado actual, el decreto podría facilitar el uso de fondos públicos para campañas políticas», señaló.
Díaz también cuestionó el desempeño de Honducor y Hondutel, calificándolas como «cargas para el Estado», ya que, a su juicio, mantienen plantillas laborales en puestos que, en algunos casos, podrían no ser esenciales.
Según los analistas, lo más conveniente hubiese sido permitir la contratación de estas empresas hasta un cierto porcentaje, complementándolas con proveedores privados. Esto habría sido una solución más equilibrada y menos restrictiva.
«Es lo correcto»
En aras del balance, Diario Tiempo contactó al diputado del Partido Libre, Bartolo Fuentes, quien justificó la decisión cuestionada.
Fuentes negó que se trate de monopolios, concentración de poder o decretos oscuros, argumentando que la libre competencia no siempre garantiza transparencia.
«A mí me parece correcto. Con frecuencia, contratar servicios a particulares encarece los costos. Además, estos contratos suelen utilizarse para beneficiar a allegados, amigos o parientes», precisó.
Según el congresista, cuando el sector privado tuvo un rol excesivo, las compañías estatales entraron en declive con el propósito de venderlas a bajo precio y justificar su aparente ineficiencia ante la población.
Finalmente, aseguró que esta medida no implica concentración de poder ni exclusividad, sino una estrategia de prioridad.
«El monopolio ocurriría si el Estado ofreciera servicios exclusivamente a particulares o empresas privadas. Esto es prioridad, no exclusividad», concluyó.
A la espera de resultados
La obligatoriedad de contratar únicamente a empresas estatales plantea un debate sobre la eficiencia y competitividad en la gestión pública. Si bien el gobierno busca fortalecer estas compañías bajo el argumento de rescate financiero y social, la falta de competencia podría afectar la calidad del servicio y limitar el crecimiento del sector privado.
A medida que avance el 2025, será crucial evaluar los resultados de esta medida y determinar si realmente contribuye al desarrollo del país.
