TEGUCIGALPA, HONDURAS. El secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, anunció la instalación de una comisión tripartidaria para solventar el conflicto que se desarrolla en el Bajo Aguán.
Mediante una conferencia de prensa desde Casa Presidencial, el funcionario manifestó que se investigará supuestas violaciones de los derechos humanos.
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“El convenio plantea la integración de la comisión tripartita encaminada a la investigación de casos de violación de los derechos humanos, que tendrá un carácter permanente”, detalló Sabillón.
De igual manera, el secretario de Seguridad indicó quiénes conformarán esta comisión para profundizar en esta problemática,
“Está integrada por la Secretaría de la Presidencia de la República, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y abogados internacionales propuestos por la plataforma agraria”, aseguró.
Además, Sabillón indicó que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro tiene como prioridad investigar la problemática que rodea estas tierras.
“El Gobierno hace suya la preocupación de investigar a profundidad si el conflicto del Bajo Aguán no solo reviste el carácter de un conflicto eminentemente agrario”, detalló.
Asimismo, Sabillón indicó que se brindará el apoyo a las partes que conforman la comisión y girarán las convocatorias pertinentes para sus integrantes.
“Se procede a integrar la comisión tripartita, a proporcionar las respectivas informaciones que han solicitado las partes”, explicó.
Denuncias
Por su parte, el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez, manifestó que la comisión, que estará integrada por tres partes, atenderá las denuncias.
«Va a estar para descubrir los hechos y las verdades del camino. Queremos un equilibrio respetar los derechos de propiedad, respetar el acceso a las tierras del campesino y no violentar los derechos humanos», indicó.
De igual manera, Fúnez detalló que buscarán sentarse con la empresa privada y los agricultores para llegar a negociaciones.
OABI
Asimismo, Fúnez expresó que también buscarán que tierras pertenecientes a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), manejada por testaferros, se traslade a manos de una coordinación INA – OABI.
«Tenemos que investigar cómo están esas tierras, qué figura jurídica tienen, quién las tiene», precisó.
El Bajó Aguán ha sido una zona de conflicto entre campesinos y terratenientes desde 2008.
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