San Pedro Sula. El presidente de la Federación Sindical de Trabajadores de Honduras (FESITRANH), José Dolores Valenzuela, expresó su preocupación por el deterioro de la seguridad jurídica en Honduras, destacando que la falta de respeto a la propiedad privada es un factor alarmante.
Según Valenzuela, en los últimos dos años se han perdido tres sindicatos de la industria de la palma, y actualmente hay otro en riesgo debido a la ocupación ilegal de tierras. Aunque la empresa afectada está evaluando cómo proceder, la falta de acción oportuna por parte de las autoridades complica aún más el panorama.
Sindicatos
Entre los grupos sindicales desaparecidos figuran el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Sermisa, S.A. (Sitrasermisa); Sindicato de Trabajadores de la Empresa Agroindustrias, Guaymas (Sitraguay); y Sindicato de Trabajadores de la Empresa Agroaguan (Sitraguan).
«Cuando la empresa percibe que no hay una pronta resolución, lo que termina haciendo es indemnizar al personal afectado», señaló Valenzuela, quien considera que la inacción del gobierno y la tolerancia del Instituto Nacional Agrario (INA) agravan el problema. «Se nombran comisiones para resolver los conflictos, pero no se obtiene ninguna respuesta concreta», añadió.
El líder sindical también lamentó que los tres sindicatos disueltos habían negociado sus contratos colectivos. Esta situación no solo representa una pérdida significativa para el movimiento sindical, sino que también afecta gravemente la generación de empleo.
«Solo en esas empresas se perdieron más de 10,000 empleos, y ahora está en riesgo la pérdida de otros 2,000 en Jutiapa, Atlántida», advirtió Valenzuela.
Subrayó que este tipo de situaciones incrementa el desempleo y fomenta la migración, por lo que exigen una respuesta firme por parte del gobierno. «Es indispensable que el gobierno actúe para poner orden y garantizar tanto la seguridad jurídica como la ciudadana en Honduras».
Inseguridad jurídica y personal
Valenzuela informó que las empresas de palma aceitera afectadas pertenecen al grupo Jaremar. Estas han sido obligadas a cerrar operaciones debido a las invasiones en las fincas de cultivo. Según explicó, no han recibido una respuesta del Instituto Nacional Agrario (INA) que permita desalojar a las personas invasoras y continuar con la producción.
Esto constituye una violación tanto a la seguridad jurídica como a la seguridad personal, ya que los trabajadores fueron amenazados por los invasores, lo que los obligó a abandonar sus labores.
El Grupo Jaremar cuenta con más de 15,000 hectáreas cultivadas en los departamentos de Atlántida, Yoro, Cortés y Colón. En conformación con sus empresas filiales se dedican al cultivo de palma aceitera, extracción, procesamiento y comercialización de todos sus derivados, entre otros procesos.
Trabajadores cerrarán 2024 en crisis
El presidente de la Federación Sindical de Trabajadores de Honduras (FESITRANH), José Dolores Valenzuela, expresó que «cerramos el año enfrentando una crisis profunda en el ámbito laboral. Además, un alto índice de desempleo. Iniciaremos un nuevo año con un panorama aún más crítico que al comienzo de 2024».
Según el líder sindical, el cierre de maquilas ha dejado a miles de trabajadores desempleados; aunque algunos han recibido sus prestaciones, otros todavía luchan por obtenerlas.
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«La situación actual del país es alarmante, pero parece que al gobierno no le preocupa lo suficiente, ya que no se ha mostrado interés en investigar las causas del cierre de estas empresas», precisó Valenzuela.
Detalló que desde hace más de un año, diversos sectores han solicitado reuniones y mesas de trabajo para definir estrategias que protejan la inversión en el país, pero no ha habido respuesta ni voluntad por parte de las autoridades gubernamentales.
Además, se señala la falta de acción para frenar otros problemas graves como la migración, la extorsión, la criminalidad y el narcotráfico.
Valenzuela enfatizó la necesidad de reactivar la extradición como una medida clave para combatir el narcotráfico y llamó la atención sobre el papel de Estados Unidos como un actor fundamental para restablecer el orden. Expresó la esperanza de que, antes de finalizar el año, la presidenta Xiomara Castro anuncie la reactivación del tratado de extradición.
