Redacción. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció el lanzamiento de una iniciativa de asistencia en efectivo destinada a inmigrantes directamente afectados por las recientes redadas migratorias impulsadas desde el gobierno federal.
El programa contempla la entrega de tarjetas monetarias, con montos que rondarán “unos cuantos cientos” de dólares. Según explicó la alcaldesa en conferencia de prensa, las ayudas estarán disponibles a partir de la próxima semana.
La medida surge como respuesta al clima de creciente temor generado por la política migratoria federal, que ha prometido ejecutar la “mayor operación de deportación masiva” en la historia de Estados Unidos.
Impacto en las comunidades migrantes
El endurecimiento en la aplicación de las leyes migratorias ha tenido efectos inmediatos en las comunidades inmigrantes, provocando ausentismo laboral, inseguridad y una creciente inestabilidad económica.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes locales han denunciado que las redadas han dejado a numerosas familias sin su principal sustento económico. También se ha elevando el riesgo de desalojos y otros problemas sociales.
“Tienes personas que no quieren salir de sus casas, que no están yendo a trabajar, y que necesitan efectivo”, expresó Karen Bass. La alcaldesa citó el caso de una familia que estuvo a punto de sufrir desalojada tras la detención de uno de sus proveedores.
El programa será financiado con donaciones privadas, no con fondos municipales. Y su ejecución estará a cargo de organizaciones proinmigrantes como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). Aún no se han definido públicamente los criterios de elegibilidad.
Esta intervención se inspira en el programa Angeleno Cards, una estrategia implementada durante la pandemia de COVID-19 que otorgó ayuda monetaria de emergencia a los residentes más vulnerables de la ciudad.
Nuevas directrices
Junto al anuncio de asistencia, Karen Bass firmó una nueva orden ejecutiva municipal que instruye a todos los departamentos de la ciudad a actualizar protocolos. También pide reforzar sus políticas para impedir el uso de recursos locales en la aplicación civil de leyes migratorias, salvo en casos relacionados con delitos graves.
La alcaldesa dio un plazo de dos semanas para que las agencias municipales presenten sus procedimientos renovados. Además, ordenó crear una mesa de trabajo que revisará la actuación del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en colaboraciones con autoridades federales de inmigración.
La orden también instruye solicitar formalmente a ICE los registros sobre las redadas recientes en la ciudad. Todo el objetivo de garantizar transparencia y evitar abusos.
