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miércoles, diciembre 25, 2024

Inicia inspección general en la sede judicial de El Progreso

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Redacción. La Supervisión General del Poder Judicial inició este viernes una inspección especial en el circuito general de El Progreso, Yoro, con el fin de garantizar imparcialidad, eficiencia y buen servicio en la sede.

La intervención fue ordenada por Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. De acuerdo con el informe del ente de justicia, la inspección se ejecutará con especial énfasis en el Juzgado de Letras Seccional.

Larissa Barahona, encargada del equipo de inspectores que comenzó la acción, explicó que se realizaron acciones preventivas, correctivas y medidas para la mejora en los procesos sometidos a conocimiento del Juzgado de Letras.

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Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Detalló que se sostuvieron reuniones con jueces de Letras Seccional, de Paz Civil y Penal, del Tribunal de Sentencia. También con el personal auxiliar y administrativo, defensa pública y autoridades del Ministerio Público.

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«Se implementaron varias medidas correctivas, las que se reflejarán en un mes, contribuyendo así a brindar una justicia y transparente administración de justicia. Además, garantiza a la sociedad hondureña una tutela judicial efectiva», detalló la abogada Barahona.

Inician inspección general en la sede judicial de El Progreso
Larissa Barahona, encargada del equipo de inspección de la CSJ.

Acciones 

La Supervisión General del Poder Judicial -por delegación de la Corte Suprema de Justicia-, ejerciendo la vigilancia judicial transversalmente en los juzgados y tribunales, como en las dependencias administrativas, a la fecha ha desarrollado 123 acciones entre inspecciones especiales y generales y en desarrollo se encuentran 2, aseguró la supervisora general, Sandra Rodríguez Vargas.

El equipo especializado de la Corte Suprema de Justicia también intervino, desde el pasado miércoles, los tribunales de Trujillo, en Colón, y Roatán, en Islas de la Bahía, luego de denuncias de abuso de autoridad, violaciones al debido proceso y retrasos en la emisión de resoluciones.

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