Redacción. Este viernes 30 de mayo se inició el traslado de más de 300 privados de libertad que estaban recluidos en la cárcel de Trujillo, departamento de Colón, como parte de una medida impulsada por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) para cerrar centros penales ubicados en zonas urbanas.
Los reclusos están siendo trasladados a los centros penitenciarios de Olanchito, en el departamento de Yoro, y La Ceiba, en Atlántida. El proceso forma parte de una reestructuración del sistema penitenciario orientada a desalojar cárceles que funcionan en áreas céntricas, cercanas a viviendas, escuelas y hospitales.
La cárcel de Trujillo estaba ubicada en el centro del municipio, en las inmediaciones del parque central, lo que generaba preocupación por razones de seguridad y convivencia. Según autoridades penitenciarias, el objetivo es sanear estas zonas y destinarlas a otros fines comunitarios.
“El cierre de este centro penal responde a una política de Estado. No puede seguir funcionando un presidio en medio de una comunidad. Vamos a seguir cerrando los centros que estén ubicados en zonas urbanas”, afirmó Ramiro Muñoz, director del INP.
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Reubicación
Muñoz también indicó que los reclusos se ubicarán según su perfil delictivo. Aquellos vinculados a maras, pandillas y estructuras criminales serán confinados en módulos de máxima seguridad.
Ante las críticas de algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, el funcionario fue enfático: “La ley establece que un privado de libertad debe estar en el lugar que le corresponde según su peligrosidad. No estamos haciendo otra cosa que aplicar la ley”.
El director del INP también hizo un llamado a no justificar ni defender a personas ligadas a actividades delictivas. “A veces llama la atención cuando alguien defiende tanto a una organización criminal”, agregó.
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